La PALT advierte de que la normativa actual arrasa el uso residencial y consolida un modelo que beneficia a grandes explotadores frente a miles de familias.
Por Redacción | RADIO LAS PAMAS
El programa Escándalo de Radio Las Palmas, dirigido por Marga de la Cueva, se convirtió en el espacio donde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) expuso de nuevo la magnitud de un conflicto que, según sus portavoces, compromete el futuro residencial de miles de familias en Canarias. La presidenta de la plataforma, Maribe Doreste, alertó de que las medidas impulsadas por la administración están desplazando progresivamente a los residentes de los complejos turísticos para favorecer un modelo de explotación concentrado en manos de grandes operadores.
Uso residencial en riesgo
La PALT explica que el núcleo del problema nace de una reinterpretación administrativa que redefine viviendas adquiridas legalmente como “unidades alojativas”, obligadas a integrarse en un régimen de explotación turística. Este cambio, señala Doreste, ha alterado la vida de propietarios que durante décadas convivieron con el turismo sin conflicto. «Nos cambian el sentido de la propiedad y nos obligan a entregar el uso de nuestras casas a empresas que quieren monopolizar el mercado», afirmó durante la entrevista. La presidenta subraya que esta situación no nace en los tribunales, sino en una normativa cuya aplicación está generando expedientes disciplinarios que impactan directamente en la vida cotidiana de los residentes.
Dentro de ese panorama, la historia de Antonia López adquiere un valor simbólico. Compró su apartamento en 2006 para vivirlo, lo reformó con sus ahorros y nunca lo destinó a actividad turística. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo marco normativo recibió una orden que cuestionaba su derecho a residir allí. Su testimonio expresa con claridad la incertidumbre que afrontan muchos afectados: «No tengo otra casa. Esta es mi vivienda y nunca ha sido un establecimiento turístico.» La PALT ha señalado que esta misma situación se repite en distintos municipios turísticos, afectando a residentes que ahora se ven inmersos en un proceso complejo, sin una vía clara para defender el uso residencial que ejercieron durante años.
Una presión que se extiende
Para Manuel Batista, vicepresidente de la PALT, esta problemática no debe interpretarse como un asunto aislado ni técnico. Para él, la presión que reciben estos propietarios forma parte de un modelo diseñado para restringir el uso residencial en zonas de alto interés turístico. «No se puede presumir de políticas de vivienda mientras se obliga a abandonar hogares adquiridos legítimamente», afirmó. Batista sostiene que esta dinámica afecta a más de 200.000 personas en Canarias y consolida un escenario en el que los intereses privados adquieren un peso determinante sobre los derechos ciudadanos.
La PALT observa un posible punto de inflexión en el reciente movimiento del Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite varios recursos de casación para estudiar si las restricciones aplicadas en Canarias vulneran principios básicos del ordenamiento jurídico. Doreste confía en que esta revisión marque «un antes y un después» y permita recuperar la estabilidad jurídica que, a su juicio, ha sido erosionada por sucesivas normas autonómicas. Mientras tanto, la plataforma insiste en que el problema no se limita al sur de la isla, sino que puede extenderse a otros entornos urbanos si no se corrigen las actuales interpretaciones administrativas.
La organización pide unidad ciudadana y una amplia difusión pública para enfrentar una situación que consideran excepcional. «Hablamos de un derecho esencial, no de un trámite administrativo», concluyen. Para los afectados, especialmente quienes carecen de alternativas habitacionales, el proceso judicial abierto se convierte en la principal esperanza para frenar un modelo que, según denuncian, está desplazando a los residentes de su propio territorio.
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