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Actualizado: Lunes, 31 de Marzo de 2025
Tras la firma del pacto de funcionarios, se intentará hacer el mismo proceso con las condiciones de trabajo del personal laboral y de esta manera equiparar ambos marcos de regulación a la actualización correspondiente.
La sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias ha solicitado mediante registro y por la vía reglamentaria la negociación de un nuevo acuerdo de condiciones laborales para el personal funcionario del Cabildo, pues el actual data del año 1999.
Los acuerdos de condiciones laborales del sector público funcional se revisan por regla general cada tres o cuatro años, pero en el caso del Cabildo, y a pesar de haber pasado más de 25 años, no se ha producido una revisión y solo se realizan pactos de adaptación del acuerdo del personal que también tiene una antigüedad considerable, dado que es del año 2002.
Esta situación constituye una anomalía que CCOO pretende resolver mediante el diálogo en una mesa general de negociación y de esta manera adaptar el marco que rige las condiciones laborales de funcionarias y funcionarios a todas las leyes que desde hace más de dos décadas se han venido aprobando. Asimismo, el sindicato exige desatascar mediante estas negociaciones el plan de igualdad que sigue sin acabar de firmarse.
Tras la firma del pacto de funcionarios, se intentará hacer el mismo proceso con las condiciones de trabajo del personal laboral y de esta manera equiparar ambos marcos de regulación a la actualización correspondiente.
El Cabildo de Gran Canaria es la administración local que organiza y gestiona la isla y sus funciones son en cierta forma análogas a las provincias, que en el caso de Canarias no cuentan con el peso que sí tienen en el resto de las comunidades autónomas. Es por ello por lo que se precisa que esta institución, la más importante de la isla, se modernice y sea el ejemplo a seguir para otras como pueden ser los ayuntamientos. En el caso del Cabildo de Gran Canaria la plantilla aprobada para el 2025 es de 809 laborales y 752 funcionarios, por lo que estas afectarían positivamente a un total de 1.561 trabajadores y trabajadoras públicos.
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