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Actualizado: Viernes, 16 de Enero de 2026
La plataforma Derecho al Techo cuestiona una actuación que ignora la vulnerabilidad y el derecho a un hogar digno.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
La intervención de la plataforma Derecho al Techo en el programa Escándalo, que dirige Marga de la Cueva en Radio Las Palmas, dejó al descubierto una realidad que atraviesa barrios, edades y trayectorias vitales en Las Palmas. Una crisis habitacional que ya no es una excepción, sino un problema estructural con rostro humano.
El caso de Margarita, una mujer de 71 años desalojada de su barco, su única vivienda y de su propiedad, se convirtió en el símbolo de una forma de actuar que la plataforma cuestiona. No tanto por la legalidad del procedimiento, sino por la ausencia de una evaluación previa de su vulnerabilidad. «El desahucio puede ser legal, pero no puede hacerse sin estudiar la situación real de la persona», subrayó uno de los portavoces durante la conversación radiofónica.
Un desalojo sin red
Desde Derecho al Techo se insiste en que el conflicto no es aislado. «Cuando se ejecuta un desalojo sin valorar la vulnerabilidad económica, residencial o de salud, se está fallando como sociedad», afirmó Javier Marrero. En el caso de Margarita, denuncian que no hubo acompañamiento jurídico ni alternativas habitacionales antes de la expulsión. «No tuvo derecho a una defensa, estaba sola y sin información clara de lo que iba a ocurrir», añadió.
La plataforma pone el acento en que estas situaciones no se limitan a un punto concreto de la ciudad. Barrios enteros y colectivos completos viven bajo la amenaza de una expulsión silenciosa, fruto de alquileres inasumibles y de un mercado que descarta perfiles considerados poco rentables.
Una crisis que se extiende
Jonathan Mesa, otro de los portavoces, amplió el foco para explicar que el problema va más allá de los desahucios visibles. «Hay desahucios invisibles, personas que trabajan, cotizan y aun así tienen que volver a casa de sus padres porque el alquiler se dispara», explicó. Una realidad que, según datos oficiales, afecta a una generación que no logra emanciparse pese a tener empleo.
El aumento del alquiler por habitaciones es otro de los síntomas que preocupa a la plataforma. «Antes una vivienda costaba 800 euros y ya era caro, ahora se alquilan habitaciones por 400 o 600», denunció Marrero. Esta dinámica, advierten, empuja a muchas personas hacia pensiones precarias o infraviviendas sin condiciones dignas.
Más allá del caso concreto
Derecho al Techo se define como una plataforma vecinal, alejada de siglas partidistas y formada en gran parte por personas que han vivido en primera persona la precariedad residencial. Su trabajo se basa en asambleas abiertas y en el apoyo mutuo. «No queremos apagar fuegos, queremos soluciones estructurales», insistió Mesa, que relató su propia experiencia con contratos abusivos y la dificultad de encontrar vivienda para su madre jubilada.
En el plano político, la crítica es clara. La plataforma considera que la legislación actual protege al rentista y convierte la vivienda en un activo financiero. «El techo es un derecho, como la sanidad o la educación, no un negocio especulativo», defendió Marrero durante la entrevista.
La intervención en Radio Las Palmas dejó un mensaje nítido para la audiencia. La crisis de la vivienda no es un fenómeno abstracto ni lejano. Tiene nombres, edades y trayectorias. Y exige respuestas que vayan más allá de la urgencia para situar el derecho a la vivienda en el centro del debate público.
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