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Actualizado: Martes, 29 de Julio de 2025
El Colegio de Economistas asegura que la capital tiene más viviendas que hogares, aunque persisten dificultades de acceso vinculadas a bajos salarios y vivienda vacía.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
Un reciente estudio elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas ha concluido que la capital grancanaria no reúne los requisitos para ser declarada “zona tensionada” en el mercado de la vivienda. El informe, coordinado por la doctora en Ciencias Económicas Rosa Rodríguez y presentado en el programa Buenos Días Gran Canaria, contrasta con el aprobado por el Ayuntamiento a principios de año, que sí defendía esta catalogación.
El documento, realizado en colaboración con la empresa pública Visocan, se apoyó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda, el Consejo General del Notariado y las declaraciones del Impuesto sobre la Renta. A partir de ese análisis, el Colegio de Economistas determinó que ni el gasto en hipotecas o alquileres supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, ni el incremento de los precios de compraventa o arrendamiento rebasa los tres puntos por encima del IPC. Estos son los dos requisitos que marca la ley estatal para reconocer un mercado residencial tensionado.
El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho, y la doctora en Ciencias Económicas Rosa Rodríguez, durante la entrevista en los estudios de Radio Las Palmas para presentar el informe sobre el mercado de la vivienda.
Según explicó el decano de la institución, Alcibiades Trancho, se dio prioridad a las fuentes oficiales porque los portales inmobiliarios ofrecen precios de salida que no siempre se corresponden con los precios de cierre de las operaciones. De hecho, el propio portal Idealista admite que su base de datos puede tener sesgos que distorsionen el valor medio. Por ello, el Colegio se ciñó estrictamente a los registros oficiales.
Un diagnóstico distinto al municipal
La conclusión choca con el informe técnico aprobado en enero por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que señalaba que la ciudad sí superaba los umbrales fijados por la ley de vivienda. La discrepancia ha abierto un debate social. Plataformas como Derecho al Techo y Stop Desahucios critican que el nuevo estudio niegue la condición de zona tensionada y sostienen que esta decisión responde más a intereses económicos que a la realidad de los inquilinos. Según estas organizaciones, muchas familias destinan ya más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler y se ven obligadas a abandonar sus barrios por el auge de la vivienda vacacional y la especulación urbanística.
Los economistas, sin embargo, insisten en la objetividad de su trabajo. Rodríguez defendió que el informe es público y transparente, elaborado únicamente a partir de datos verificables. Su objetivo, aseguró, es proporcionar un análisis riguroso para que las decisiones políticas se apoyen en información sólida y no en percepciones o presiones externas.
Viviendas vacías y población estancada
Más allá de la discrepancia metodológica, el estudio arroja datos que llaman la atención. Uno de los más destacados es que Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 32.000 viviendas más que hogares. Aunque unas 24.800 de esas viviendas se encuentran vacías, aún quedaría un excedente de más de 7.000 unidades habitacionales. Esta cifra contradice la percepción de escasez de vivienda que existe entre la ciudadanía.
Otro hallazgo relevante es el estancamiento poblacional. Entre 2011 y 2023, la población de la capital se redujo un 1,39%, a pesar de que la provincia de Las Palmas y el conjunto del archipiélago crecieron alrededor de un 50% en el mismo periodo. Según el informe, barrios como Tamaraceite registraron un crecimiento notable de residentes, mientras que el centro neurálgico de la ciudad perdió más de 10.000 habitantes.
El análisis retrospectivo de más de tres décadas muestra que, en 33 años, la capital apenas ha crecido un 7% en número de habitantes. En paralelo, la construcción de viviendas ha mantenido un ritmo prácticamente proporcional al aumento de población, lo que refuerza la idea de que no existe un déficit estructural de inmuebles, sino un problema de distribución y acceso.
Recomendaciones para el futuro
El Colegio de Economistas considera que el verdadero reto pasa por conocer con mayor detalle la situación del mercado, no solo a nivel de distritos, sino incluso de barrios. También señala la necesidad de estudiar el fenómeno de las viviendas vacías y valorar su incorporación al mercado residencial. Entre las propuestas se incluye fomentar la rehabilitación y división de grandes viviendas para adaptarlas a la realidad actual, en la que el 90% de los hogares están compuestos por entre una y cuatro personas.
Otro aspecto clave es la seguridad jurídica. Los expertos subrayan que muchos propietarios se muestran reticentes a alquilar por miedo a la falta de garantías legales, lo que reduce la oferta disponible. Para revertir esta tendencia, abogan por profundizar en la aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda y garantizar un marco estable que incentive el alquiler.
El papel de los salarios
El informe también pone de relieve un factor que podría explicar la percepción de dificultad para acceder a la vivienda: los bajos salarios en Canarias. Aunque los precios de alquiler e hipoteca no superen los umbrales legales, la renta disponible de las familias canarias es una de las más bajas de España. Esto dificulta especialmente el acceso a los jóvenes, que con frecuencia no pueden emanciparse ni asumir el coste de una vivienda pese a la existencia de oferta en el mercado.
Para el Colegio de Economistas, el camino hacia soluciones efectivas pasa por combinar el análisis riguroso de datos con políticas que tengan en cuenta las particularidades socioeconómicas de la población. La discusión sobre si Las Palmas de Gran Canaria es o no una zona tensionada sigue abierta, pero el estudio pone sobre la mesa un diagnóstico que invita a repensar el problema desde otra perspectiva: no solo la disponibilidad de viviendas, sino también la capacidad real de la población para acceder a ellas.
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