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Actualizado: Lunes, 22 de Abril de 2024
Yanes vuelve a pedir que la cita previa no sea obligatoria y avanza que el informe extraordinario de Vivienda se retrasará hasta 2024.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha instado este lunes a las instituciones a "eliminar" el teletrabajo si se detecta que baja la productividad de los trabajadores en comparación con el trabajo presencial.
En la presentación del informe anual ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad ha reconocido que el teletrabajo "es una modalidad que tiene beneficios ambientales y familiares" pero al mismo tiempo "existe la sensación de que perjudica la calidad de los servicios".
Yanes ha indicado que "el teletrabajo no puede convertirse en un derecho laboral que perjudica la calidad de los servicios" porque "aleja a la ciudadanía" de la administración pública y entiende que "este debate hay que abrirlo" con participación de la propia administración, los sindicatos y la propia ciudadanía.
En ese sentido ha comentado que no se puede admitir que no se de el servicio a la ciudadano porque el trabajador que lo debe prestar esté ese día en modalidad de teletrabajo y para ello, ha pedido a las administraciones que a través de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fije claramente qué puestos son susceptibles de acceder al teletrabajo.
El Diputado del Común ha reconocido que es una "secuela" de la pandemia, al igual que la cita previa, que en su opinión, "no puede ser obligatoria" porque los mecanismos que se necesitan "no están garantizados para toda la población".
En su opinión, "es aconsejable pero no obligatoria porque margina a un sector de la población".
Yanes ha aprovechado su comparecencia para defender el trabajo "serio, honesto e independiente" de la institución a lo largo de la Legislatura, y que cerró el año pasado con 2.925 quejas, lo que supone un incremento del 63% en 5 años, si bien inferior al año anterior que tuvo cifra "inusual" de 3.671.
Ha dicho que están "moderadamente satisfechos" de su trabajo, con un 67% de resoluciones favorables a la ciudadanía y "muy poco satisfechos" por el nivel de respuesta de las administraciones públicas que "incumplen sistemáticamente" la respuesta legal de 15 días si bien no ha hecho falta firmar declaraciones de obstrucción.
Ha advertido también de que "muchos alcaldes se quejan de que no tienen habilitados nacionales" para responder asuntos de cierta complejidad jurídica dado que de 233 plazas solo está cubierto el 28% en las corporaciones locales.
En esa línea ha apuntado que hay muchos ayuntamientos que no tienen secretario general de ahí que la Fecam haya pedido la convocatoria de una lista de reserva y agilizar los nombramientos.
MODIFICAR LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
No obstante, cree que "lo adecuado" es modificar la ley de bases de régimen local para que la comunidad autónoma convoque plazas para su territorio, algo que "no es nada nuevo" ya que lo practica el País Vasco y en la isla hay "razones suficientes y más consistentes".
Yanes ha apuntado, además, que por primera vez aparece el bienestar animal entre las primeras demandas de los ciudadanos, lo que refleja una "modificación" de la inquietud ciudadana al tiempo que ha resaltado nuevamente la voluntad de la Diputación de hacer un informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en las islas.
Ha indicado que la propuesta ha sido "bien acogida" por la administración pues todos los cabildos ya han contestado, al igual que la mitad de los ayuntamientos.
El objetivo es que el informe esté culminado a final de año o en 2024 pues se trata de hacer un estudio "concienzudo" que permita obtener propuestas que "sean útiles".
La Diputación del Común ha avalado el Plan de Vivienda 2020/2025 y solicita que "se cumplan los plazos", subrayando que también hay que mejorar la inspección para "eliminar prácticas fraudulentas" como "ventas clandestinas, ocupaciones ilegales o subarriendos".
En cuanto a la discapacidad ha lamentado los retrasos en la valoración y revisiones de grado, pues los tres meses legales "se han convertido en 39 meses" y sobre dependencia, ha remarcado que caen un 36% las quejas aunque sigue siendo el área "que más tiene".
Yanes ha reconocido que la gestión ha mejorado pero no ha obviado que sigue "a la cola" en multitud de parámetros --aunque en el acceso a prestaciones económicas el archipiélago ocupa el séptimo puesto--.
COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE PERSONAS CUIDADORAS
Ha reclamado también que se apruebe el plan nacional de la persona cuidadora, del que "se ha hablado mucho y se ha hecho poco", y crear en el Parlamento una comisión de estudio sobre personas cuidadoras, tal y como se acordó en el congreso de Acufade de 2022.
Asimismo ha comentado que la mejora en listas de espera sanitarias es "insuficiente" porque son "manifiestamente mejorables" y en cuanto al tercer sector ha alertado de que hay que garantizar su estabilidad económica porque "sin tercer sector no hay estado del bienestar".
Por ello ha propuesto anticipar las convocatorias del 0,7% del IRPF para que el dinero "llegue antes" de iniciar los proyectos y estudiar también la posibilidad de acometer iniciativas plurianuales y que se respete el convenio colectivo del sector.
Acerca de los menores ha lamentado que sigue sin elaborarse el segundo plan de infancia y adolescencia ni se reforma la ley de atención integral a menores y en violencia de género ha comentado que "más de la mitad de las quejas" se debe al funcionamiento de las administraciones, con retrasos de informes periciales de los que se quejan los propios operadores judiciales.
Yanes ha alertado también de que en Canarias hay 761 niñas de entre cero y 14 años que se encuentran en riesgo de mutilación femenina "y no hay protocolo propio de prevención", lo mismo que ocurre con las víctimas de trata.
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