El ministro insiste en que la contingencia migratoria sigue vigente y que la Fiscalía avala los traslados.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha respondido por carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que el mecanismo de derivación de niños, niñas y adolescentes migrantes establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.
El ministro aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida. En consecuencia, el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”.
Torres destaca que este mecanismo, activado para dar una respuesta conjunta al fenómeno migratorio poniendo por delante el interés superior del menor, “es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”. Además, subraya que su aplicación ha contado con la colaboración de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, lo que ha permitido avanzar en una respuesta solidaria ante una situación extraordinaria, “sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia”.
El ministro recuerda que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que gobierna en Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias, y añade que “es el Gobierno de España quien más está apoyando a estas comunidades”. En este sentido, considera que los responsables autonómicos en territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid por su negativa a aplicar un sistema que, según defiende, está contribuyendo a aliviar el hacinamiento y mejorar la situación de los menores migrantes no acompañados.
En la carta, Torres señala que el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras la alegación de la Comunidad de Madrid de que no procedía su ejecución. Ante esta situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión.
Por este motivo, el ministro recuerda a la Comunidad de Madrid que dichas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”.
Torres insiste en que todas las actuaciones se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las administraciones implicadas y, especialmente, el pleno respeto a los derechos humanos y al principio del interés superior del menor. Por ello, ha reiterado su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar una respuesta eficaz, legal y centrada en la protección de los menores.
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