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Actualizado: Martes, 22 de Octubre de 2024
Este dato lo ha esgrimido la consejera, Jessica de León, en comisión parlamentaria para asegurar que la postura del ejecutivo regional en contra de esta tasa está avalada por la mayoría de los residentes.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha asegurado este lunes que una mayoría de canarios, el 83% en concreto, según un informe del Instituto Canario de Estadística, avala la negativa del ejecutivo regional a cobrar por pernoctar en un hotel o apartamento.
En concreto, se ha referido una encuesta sobre la percepción sobre el turismo de los canarios, según la cual el 43% de los encuestados considera que hay que aplicar una tasa turística a los que visitan las islas en función de los días de alojamiento, mientras que un 24% opina que no; no están muy seguros el 28,5% y un 4,3% no se pronuncia sobre este tema.
En ese mismo trabajo se recoge también que un 83% de los residentes en Canarias de 18 y más años está en contra de que la población residente en Canarias deba pagar la tasa turística durante sus vacaciones en alojamientos de las islas.
Este dato lo ha esgrimido la consejera en comisión parlamentaria, a preguntas de la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana, para asegurar que la postura del ejecutivo regional en contra de esta tasa está avalada por la mayoría de los residentes.
De León ha agradecido que “por fin se le diga a los canarios la verdad” y se hable de un impuesto turístico y no de una tasa, que “tendrán que pagar”, si se aplicara, los residentes en las islas y que, además, “puede tener una finalidad pero no es finalista”.
Ha recalcado que “es impuesto a la pernoctación ya existe y se llama IGIC”, y que en las comunidades donde se ha aplicado, en Cataluña y Baleares, también lo paga la población residente.
En el caso de Baleares, ha anotado la consejera, se le dará la posibilidad a su población residente a devolverle lo cobrado por este concepto si lo incluye en su declaración de la renta.
También ha subrayado que ese “impuesto turístico” está suscitando críticas de colectivos ecologistas porque lo recaudado allí “se está reinvirtiendo en generar infraestructuras para atraer a más turistas”, en tanto en cuanto el gobierno de aquella comunidad “no está obligado” a destinarlo a su finalidad prevista.
“Hay que ser honestos con ese 83% de canarios que no quieren pagar ese impuesto”, como también con las denominadas islas verdes, adonde “vamos la mayoría de canarios de puente”, ha proclamado la consejera de Turismo, que ha ironizado con que si se implantara, más adelante vendría la oposición a exigir bonificaciones al mismo.
Jessica de León ha dicho ser partidaria de “tasas o precios públicos” por el uso de espacios naturales, con una finalidad “clara y concreta”, y ha reprochado a PSOE y NC, que “llevaban en sus programas” electorales gravar por pernoctación, que y no lo aplicaron en la pasada legislatura, cuando cogobernaron con ASG y Unidas Podemos.
Natalia Santana (NC) ha discrepado con la consejera en cuanto a que mediante una ley ese impuesto podría tener carácter finalista y “buscar la manera” de que no lo pagara la población residente.
Ha calculado que con cobrar “solo dos euros” por noche se podrían recaudar 200 millones de euros y aumentar la capacidad de gasto en 2025 hasta los 500 sin afectar a la regla de gasto.
Ha defendido que el cobro de un impuesto turístico “es parte del cambio de modelo” turístico “que necesita Canarias” y es “algo compartido por la sociedad”, a la que el ejecutivo regional “no escuchó” el 20-A y por eso volverá a salir a la calle el 20-O.
Santana ha resaltado que esa tasa o impuesto “permitiría invertir en ese cambio de modelo que necesita esta tierra”, pero mientras se declaran todo tipo de emergencias en Canarias, el Gobierno regional “sigue aprobando camas” y viendo “solo una parte de la realidad, olvidando la cara b” del principal motor económico del archipiélago.
En la misma comisión parlamentaria, la consejera ha proclamado que “el gran reto” que el sector turístico tiene por delante “es fundamentalmente social”, pues atraviesa “una gran crisis reputacional” y las nuevas generaciones tienen otro tipo de exigencias para trabajar en el mismo.
Exigencias, ha proseguido, relacionadas con la conciliación, con con la flexibilización o la mejora de los entornos laborales, a las que tanto las instituciones públicas como las empresas del sector deben dar respuesta si se quieren cubrir las más de 8.000 plazas vacantes.
Luego están otros “problemas estructurales” que también hay que solucionar como la dificultad en el acceso a la vivienda, la distancia del puesto de trabajo o problemas de movilidad.
Jessica de León ha hecho hincapié en que medidas como la puesta en marcha por la patronal hotelera de la provincia tinerfeña, Ashotel, de transporte colectivo para trabajadores del sector, “no son suficientes” y que los gobiernos de Canarias y de España han de implementar políticas de vivienda que permitan el acceso de los jóvenes “a precios asequibles”.
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