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Actualizado: Viernes, 20 de Diciembre de 2024
El castigo puede llevar prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
La Guardia Civil ha advertido de las consecuencias penales y económicas que conlleva la movilización de medios ante una falsa amenaza de bomba como las que se están produciendo en diferentes centros de educación secundaria de la isla de Gran Canaria, donde se está convirtiendo en una práctica habitual para intentar evitar los exámenes de finales de curso.
En un comunicado, la Guardia Civil señala que además estas acciones se ven incentivadas por vídeos e imágenes en redes sociales por los jóvenes para aumentar sus seguidores si consiguen grabaciones de las consecuencias, así como de los medios movilizados tras este tipo de alertas hacer los vídeos virales.
En este tipo de hechos indican que se actúa como si se tratara de casos reales, por lo que se activa con la "máxima rapidez y urgencia" los recursos más cercanos para evacuar a las personas de los centros educativos y acordonar la zona afectada, habilitando una zona de seguridad en los alrededores para la posterior actuación del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) especialistas en este tipo de amenazas.
Por ello, subraya que los autores que realicen este tipo de acciones incurren en el delito de desórdenes públicos, mientras quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro provocando la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
Asimismo la movilización de los servicios de emergencia conlleva una consecuencia administrativa y económica.
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