Sucesos

20/10/2020 | 00:25  

Salvar al Soldado Ramírez

Esa parece ser la consigna que impera en el seno del edificio judicial de La Palmas.

Por Juan Santana Hernández

Dtor programa El Pulso

Como si de una película se tratara. Y así es, y esa parece ser la consigna que impera en el seno del edificio judicial de Las Palmas. “Salvar al soldado Ramírez “. Y por qué digo esto. Pues bien, hace más de un mes ya que conocimos que la Agencia Tributaria pide para Miguel A. Ramírez 73 años de prisión y un importe de más de 20 millones de euros, por presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario cuando estaba al frente y era propietario de la empresa de seguridad privada Seguridad Integral Canaria.

Hoy ya conocemos lo que pide la Fiscalía, y no es poco. 21 años y seis meses de prisión, unos 108 millones de euros de multa, y 36 millones de indemnización a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Un total aproximado de 144 millones de euros. Casi nada.

Recordemos que el proceso por delito fiscal contra Miguel A. Ramírez se inicia en el año 2014 por una querella interpuesta por la propia Fiscalía de Las Palmas. En ese procedimiento se han solicitado fianzas, incluso la prisión provisional del empresario Ramírez, pero se ha dilatado en el tiempo durante más de seis años. ¡Mas de seis años! Que no es poco.

Sabemos que el primer magistrado en imponer una fianza millonaria a Miguel A. Ramírez fue don Salvador Alba, quien impuso una fianza de 35 millones de euros al empresario para garantizar sus posibles responsabilidades por esos presuntos delitos fiscales. Y lo hizo, después de que la magistrada Victoria Rosell no se pronunciara sobre esa fianza, a pesar de que se lo habían solicitado hasta en siete ocasiones.

Poco después supimos que el marido de Victoria Rosell, Carlos Sosa, tenía negocios con Miguel A. Ramírez, sobre todo uno por el que le cedía los derechos sobre una licencia de emisora de Radio a la Unión Deportiva y que le proporcionó a Carlos Sosa un beneficio de 300.000 euros. Nada más y nada menos. No me extraña que la pareja Rosell Sosa pudiera contratar a una asistenta del hogar, sin contrato eso sí y sin seguridad social, por la fantástica y cuantiosa suma de 450 euros al mes. Tiraron la casa por la ventana, norma, con ese negocio de 300.000 euros hasta yo hubiese tirado la casa por la ventana.

Pero el juez Alba le impuso la fianza al empresario, 35 millones de euros. Y se ha dicho que lo hizo para presionar o coaccionar al empresario, que lo hizo para dejar en mal lugar a Victoria Rosell, que lo hizo para obligar al empresario a declarar contra Victoria Rosell. Pues esos 35 millones hoy son nada comparado con lo que le piden al empresario Ramírez Alonso en multas y en responsabilidad civil para la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Y es que, pasado el tiempo, se confirma.

Que esa fianza de 35 millones se quedó corta, que era absolutamente necesaria para evitar que el señor Ramírez hiciera desaparecer su patrimonio y hoy no tuviera con qué pagar a la Agencia Tributaria. Esa era la razón y no otra. Pero hoy, el señor Ramírez ya no es dueño de Seguridad Integral Canaria, que está en concurso, que Ralos también está en concurso y que a ver de dónde saca el señor Ramírez el dinero para responder de esa cuantiosa deuda que le exige la Agencia Tributaria. Y es que después de que don Salvador Alba impusiera esa fianza de 35 millones, la magistrada Carla Vallejo, como sabemos íntima amiga de Victoria Rosell, le rebajó la fianza a menos de tres millones de euros, o sea, que con esa fianza no garantiza el señor Ramírez ni un 2 % de lo que hoy se le pide. Estará agradecido el señor Ramírez, sin duda, tan agradecido como enfadado estuvo en su día con el magistrado Salvador Alba, al que grabó una conversación, la manipuló y montó un procedimiento que hoy le tiene apartado de la judicatura.

Pero hoy, el juzgado de instrucción no 8 de Las Palmas en su auto de apertura de juicio oral da al empresario Ramírez un plazo de veinticuatro horas para pagar una fianza, otra más, de 50 millones de euros. Pero Carla Vallejo, hoy Viceconsejera de Justicia y amiga de Victoria Rosell, le impuso una fianza de menos de tres millones de euros. No estaba equivocado el juez Alba. Está pagando un precio muy alto el Juez Alba por imponer al empresario una fianza de 35 millones que hoy suenan a risa, teniendo en cuenta los casi 150 millones que le exige el Fiscal.

Y es que para salvar al soldado Ramírez había que darle información privilegiada sobre ese procedimiento por delito fiscal. Y así, el elegido fue Carlos Sosa, quien enviaba mensajes de WhatsApp al otrora mano derecha de Ramírez, Héctor de Armas, con mensajes tales como:” tengo algo bueno que contarte que barrunto del mágico número 644”. El 644 es el procedimiento por delito fiscal, y no sabemos qué era lo bueno que barruntaba el marido de la juez que investigaba al empresario, Victoria Rosell, pero lo cierto es que la fianza se rebajó a una ridícula cantidad y se extrajo del procedimiento algunas declaraciones de Miguel Ángel Ramírez, así como documentos por él aportados voluntariamente, y que revelaban las relaciones personales y comerciales entre Ramírez y Carlos Sosa.

Y hubo más mensajes, dirigidos por Carlos Sosa a Héctor de Armas para que éste los hiciera llegar al abogado de Miguel A. Ramírez, José Antonio Choclán, aconsejándole el periodista al abogado qué tenía que poner en determinados escritos, sobre todo en uno dirigido a apartar de la investigación a la Fiscal querellante, Evangelina Ríos. Salvar al soldado Ramírez. Y no lo digo yo, lo dijo Héctor de Armas a presencia judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y aportó las pruebas documentales que demostraban la realidad de estos mensajes. Pero no pasó nada, porque la consigna parece ser, Salvar al soldado Ramírez.

En junio, el Juez Arcadio Díaz imputó formalmente a Miguel Ángel Ramírez, dictando un auto en el que cuantificaba la deuda, en una cantidad casi idéntica a la famosa fianza del juez Alba, curioso. Y ese auto, esa resolución del juez fue recurrida por Miguel A. Ramírez ante la Audiencia Provincial. Y ¿dónde cayó el recurso ?, pues sí, en la Sección Sexta de la Audiencia, quien designó ponente al magistrado Salvador Alba, apartado temporalmente de sus funciones. Pura ironía. Pero es que en esa Sala se encuentran destinados los magistrados Emilio Moya, que la preside, y Carlos Vielba. Como sabemos ambos son reconocidos y públicos amigos del empresario Miguel A. Ramírez. Emilio Moya fue grabado por Miguel Ángel Ramírez, en su propio despacho de la Audiencia Provincial hablando con el empresario sobre el caso de delito fiscal que tanto le preocupaba a Ramírez, el mismo que hoy ha sido recurrido ante Emilio Moya. Pudimos escuchar un efusivo abrazo entre Moya y Ramírez, y le hemos podido ver en retiradas ocasiones ocupando un lugar destacado en el palco de la Unión Deportiva Las Palmas. El segundo , Carlos Vielba , el juez que acude a recibir a Miguel A. Ramírez a la puerta del edificio judicial para acompañarle a su interior - tenemos fotos que así lo demuestran - y el juez que se fue a cenar con Ramírez para ofrecer a Salvador Alba un trato , consistente en manipular , alterar e incluso hacer desaparecer pruebas de la Guardia Civil en el procedimiento que se seguía contra Alba en el TSJ , ofrecimiento que fue radicalmente rechazado por Alba , con enfado y denuncia incluida contra Ramírez y Vielba por esta , llamémosle, tentativa de tráfico de influencias de libro. Pues estos dos Magistrados están en esa Sala que tiene que ver el recurso de su amigo, Miguel A. Ramírez contra la causa por delito fiscal. Un recurso, al que ha tenido acceso el programa EL PULSO de Radio Las Palmas, y en el que la representación letrada del empresario ataca a la fiscal Ríos y al inspector de hacienda que colaboró con el Juzgado para imputar a Miguel A. Ramírez.

Ramírez saca los trapos sucios de la Fiscal Ríos con Victoria Rosell , su evidente y publica enemistad , sus reproches y peleas , y pide la nulidad y la prescripción de los delitos fiscales , en un triple salto mortal jurídico que se apoya en resoluciones de la amiga de Rosell , Carla Vallejo , y en informes “ secretos “ de Rosell dirigidos al Consejo General del Poder Judicial que difícilmente puede conocer el empresario , pero que es evidente que ha tenido acceso a los mismos , alguien se los ha dado. Ahí lo dejo.

Yo creo que los magistrados Moya y Vielba ya se habrán abstenido de ese recurso, se habrán apartado de la causa con total seguridad, por su amistad con el recurrente, no me cabe ninguna duda. Aunque ese recurso, todavía no se ha resuelto, debe estar madurando en la Sección Sexta, y la Fiscalía todavía no ha acusado al empresario. ¿Qué pasará con el recurso? ¿Conoceremos de la abstención de Moya y Vielba?, seguro que sí, de lo contrario ... De lo contrario veremos lo que pasa.

Veremos si estas preguntas obtienen pronta respuesta, porque, ... hay que salvar al soldado Ramírez.