Sociedad

01/04/2026 | 07:00   |   Redacción  

Trabajadores y vecinos se movilizan para frenar el cierre de escuelas infantiles públicas en Canarias

Los comités de empresa alertan del impacto social en las familias y temen que el cierre de dos centros sea el inicio de un desmantelamiento mayor.

La respuesta al anuncio del cierre de escuelas infantiles públicas en Canarias no se ha hecho esperar. Trabajadores y asociaciones vecinales han anunciado movilizaciones conjuntas para impedir la clausura de estos centros, al considerar que su desaparición supondría un grave perjuicio social, especialmente para las familias más vulnerables.

Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social han confirmado que las protestas irán más allá del ámbito laboral y contarán con el respaldo de barrios y colectivos afectados. Por el momento, el Gobierno de Canarias ha anunciado el cierre de dos escuelas, Anaga en Tenerife y Las Folías en Gran Canaria, aunque los representantes sindicales temen que esta decisión sea el primer paso hacia el cierre de otras once instalaciones públicas.

Impacto en las familias

Las organizaciones sindicales insisten en que estos centros cumplen una función clave como espacios de socialización temprana y como apoyo a la conciliación familiar y laboral. En el caso de los dos cierres anunciados, más de 70 familias se verán directamente afectadas, una cifra que podría multiplicarse si se amplía la medida al resto de escuelas dependientes de Bienestar Social.

Advierten además de que la desaparición de estos recursos públicos incrementaría los costes de crianza y dificultaría el acceso a la educación infantil, especialmente en barrios donde estas infraestructuras son esenciales. También alertan de que obligar a las familias a desplazarse a otros centros rompe procesos educativos ya iniciados y afecta al bienestar de los menores.

Denuncias y negociación

Los representantes de los trabajadores han mostrado su disposición a negociar el traspaso de las escuelas a la Consejería de Educación, pero rechazan que este proceso se utilice para justificar cierres o favorecer a centros privados mediante subvenciones.

Asimismo, denuncian la falta de información y de negociación por parte de la administración, al no haberse presentado informes que respalden la decisión ni haberse abordado la situación con los empleados afectados. Tampoco descartan emprender acciones judiciales si no se revierte la medida.

En paralelo, hacen un llamamiento a las familias para que mantengan la matrícula de sus hijos e hijas en estos centros, como forma de reforzar la defensa de un servicio público que consideran esencial. La movilización social ya está en marcha y, según advierten, podría intensificarse en las próximas semanas si no hay cambios en la decisión del Ejecutivo autonómico.