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Actualizado: Jueves, 05 de Marzo de 2026
El viceconsejero analiza el Decreto Canarias y defiende aumentar la construcción pública y privada para afrontar la crisis de vivienda en el archipiélago.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS
El viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, participó en el programa Buenos Días a las 8, dirigido por Dulce María Facundo en Radio Las Palmas, donde abordó algunos de los asuntos que marcan la agenda política del archipiélago. Durante la entrevista explicó el alcance del llamado Decreto Canarias, el balance de la actual legislatura y, especialmente, la crisis de vivienda que afecta a miles de familias. Domínguez defendió que el principal reto pasa por aumentar la oferta habitacional mediante vivienda pública, incentivos al sector privado y la implicación de los ayuntamientos para poner suelo disponible.
Decreto Canarias
¿Qué representa el llamado Decreto Canarias para el archipiélago?
El decreto pretende garantizar recursos y competencias que permitan mejorar los servicios públicos en las islas. Se trata de una iniciativa elaborada desde el propio Gobierno de Canarias para facilitar su tramitación en Madrid y avanzar en la resolución de problemas estructurales que afectan al empleo, la sanidad, la educación, el transporte o las infraestructuras.
¿Por qué ha sido necesario que el Gobierno autonómico redacte este decreto?
La razón principal es que existen compromisos estatales pendientes desde hace años. El Estatuto de Autonomía aprobado en 2018 contempla transferencias de competencias que todavía no se han desarrollado. También está la Agenda Canaria acordada en Madrid y, además, la falta de presupuestos generales del Estado durante tres años ha frenado inversiones que estaban previstas.
¿Cómo fue recibido el decreto en el Parlamento de Canarias?
El texto obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara. Nueva Canarias y Vox votaron en contra y el Partido Socialista optó por la abstención después de haber anunciado inicialmente su voto negativo. Desde el Gobierno se interpreta ese movimiento como una señal que podría facilitar acuerdos en el ámbito estatal.
Balance del Gobierno
Queda aproximadamente un año de legislatura. ¿Cómo valora el Gobierno este momento?
El Ejecutivo considera que llega a esta etapa con buena parte del trabajo encaminado. Ha sido una legislatura marcada por estabilidad institucional y por el intento de abordar problemas estructurales que durante años quedaron aparcados. Entre esos retos destaca la vivienda, que el Gobierno encontró en una situación especialmente complicada al inicio del mandato.
¿Qué medidas se han impulsado para afrontar ese problema?
Se han puesto en marcha cambios estructurales para reactivar la construcción de vivienda protegida. Tras muchos años de paralización se han iniciado proyectos en diferentes islas y se han activado incentivos para que el sector privado vuelva a participar en la promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible.
¿Qué cifras maneja actualmente el Ejecutivo en materia de vivienda pública?
En estos momentos hay más de dos mil quinientas viviendas en construcción y alrededor de quinientas ya entregadas durante la legislatura. La previsión es que antes de que finalice el mandato se alcancen entre cuatro mil y cinco mil viviendas de protección oficial distribuidas por todo el archipiélago.
Construir más vivienda
¿Por qué es necesaria la participación del sector privado?
La administración no dispone de capacidad suficiente para cubrir por sí sola la demanda existente. En Canarias hay más de veinticinco mil personas inscritas como solicitantes de vivienda protegida. Incluso construyendo cinco mil viviendas públicas por legislatura se necesitarían varias décadas para responder a todas las solicitudes.
¿Qué medidas se han adoptado para incentivar esa inversión privada?
Una de las decisiones fue actualizar el precio de coste de la vivienda protegida, que llevaba más de quince años congelado. Esa situación hacía inviable que las empresas construyeran este tipo de viviendas porque suponía trabajar con pérdidas. Con la actualización se pretende que vuelva a resultar atractivo invertir en este mercado.
¿Qué papel juega la Reserva para Inversiones en Canarias en este proceso?
Se ha abierto la posibilidad de que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda destinarse a proyectos de construcción de vivienda. Esto permite que capital privado se dirija a la creación de viviendas protegidas o de alquiler asequible, ampliando así el número de viviendas disponibles en el mercado.
Debate del alquiler
En el debate público se señala con frecuencia al alquiler vacacional como causa del problema. ¿Comparte esa visión?
Los datos indican que solo una parte relativamente pequeña de las viviendas que han desaparecido del alquiler convencional se han destinado al uso vacacional. Existen otros factores que explican la reducción del stock, como la venta de viviendas heredadas o la decisión de muchos propietarios de abandonar el alquiler.
¿Qué motivos están detrás de esa salida del mercado del alquiler?
Uno de los factores es la inseguridad jurídica que perciben algunos propietarios. El temor a la ocupación o a los largos procesos judiciales en caso de impago ha llevado a muchos propietarios a vender sus viviendas o a destinarlas a uso residencial. En otros casos, los herederos de propietarios mayores han optado por vender las viviendas en lugar de mantenerlas en alquiler.
¿Qué papel pueden desempeñar las administraciones locales en la solución?
Los ayuntamientos tienen un papel fundamental porque son quienes pueden ceder suelo para construir nuevas viviendas. Si no se dispone de suelo disponible resulta muy difícil ampliar el parque público de vivienda. La colaboración entre administraciones es imprescindible para poder avanzar en este terreno.
La entrevista deja un diagnóstico sobre uno de los principales desafíos sociales del archipiélago. La crisis de vivienda exige tiempo, planificación y coordinación institucional. Para el Gobierno de Canarias la clave pasa por aumentar el número de viviendas disponibles, reforzar la construcción pública y facilitar la participación del sector privado. Solo así, sostiene Domínguez, se podrá estabilizar el mercado y mejorar el acceso a una vivienda digna para miles de familias.
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