El presidente canario denuncia colas «indignas» y falta de coordinación institucional en el proceso.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS | NA
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado con dureza la forma en que el Ejecutivo central está gestionando el proceso de regularización de inmigrantes en España, cuestionando tanto el trato a las personas como la falta de planificación con las administraciones locales. Las declaraciones se produjeron durante el pleno del Parlamento regional, en un debate marcado por el cruce de reproches entre fuerzas políticas sobre una medida que afecta directamente a miles de personas en el archipiélago.
Clavijo denunció que quienes intentan regularizar su situación están siendo sometidos a «esas colas de la vergüenza que ahora mismo se están dando en los ayuntamientos», una imagen que, a su juicio, refleja un trato «de manera indigna» por parte del Gobierno central.
Críticas por la falta de planificación
El dirigente autonómico insistió en que el proceso se ha puesto en marcha sin contar con comunidades autónomas ni ayuntamientos, que son los encargados de expedir certificados necesarios para la tramitación. «Ni siquiera saben cómo emitirlos», lamentó, al tiempo que reclamó mayor coordinación institucional.
Aunque reiteró su respaldo a la regularización, al considerarla positiva para que estas personas «contribuyan y generen riqueza», también la definió como «la expresión del fracaso de la política migratoria y del control de fronteras» . En este sentido, defendió que se debería haber convocado previamente la Conferencia de Presidentes y reforzado los servicios municipales para evitar el colapso actual.
Clavijo añadió que «estar del lado de las personas no es tener a la gente días en una cola, a la intemperie», y criticó que la medida se haya impulsado «pensando más en los réditos y en la polarización política».
Cruce de posiciones políticas
Desde el PSOE, el diputado Sebastián Franquis reprochó al presidente canario una postura que calificó de ambigua. A su juicio, Clavijo respalda públicamente la regularización pero al mismo tiempo «pone dificultades a lo que ha aprobado el Gobierno».
Franquis defendió que esta medida cuenta con el respaldo social y económico en Canarias, donde cerca de 45.000 personas podrían beneficiarse. «Permite combatir la economía sumergida, mejorar los salarios y dar dignidad a quienes sostienen sectores clave», afirmó.
Por su parte, el diputado de Vox Nicasio Galván mostró un rechazo frontal al proceso, al considerar que «fomenta el efecto llamada» y perjudica a la ciudadanía. Incluso aseguró que facilitar la regularización en determinados ámbitos «es la constatación de que la mafia monclovita odia a los españoles» .
El debate evidencia la división política en torno a una medida que, más allá de su impacto social y económico, continúa generando tensiones sobre su aplicación y gestión en territorios especialmente expuestos como Canarias.
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