Sociedad

19/06/2023 | 08:07   |   Redacción 

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI bajo investigación

Un centro para menores -Acorán- sin armarios ni baños y el alquiler más caro de toda Gran Canaria

Hasta 110 chicos aseguraba que podía acoger en Gran Canaria uno de los centros para menores llegados en patera investigados por la Fiscalía Anticorrupción por una presunta malversación de fondos públicos, 110 menores que tuvieron que arreglárselas como pudieron en estancias sin aseos ni armarios, con sus pertenencias siempre guardadas en maletas.

Es la situación que Anticorrupción describe en su querella contra cuatro directivos de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entidad que gestionaba ese y otros nueve centros para menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, a cinco de los cuales cuestiona por su manejo de los fondos públicos que los financiaban

A la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, la responsable de la tutela de esos chicos como menores en desamparo, Respuesta Social Siglo XXI le aseguraba que pagaba una renta de 35.000 euros mensuales por el alquiler del centro Acorán, una propiedad en el barrio de Tafira Baja de Las Palmas de Gran Canaria.

“Es una cantidad totalmente desproporcionada (…) un gasto no solo superfluo sino rayando lo obsceno”, alertaba el informe de inspección realizado por la Fiscalía de Menores a ese centro, “dado que difícilmente podrá encontrarse no solo en dicho entorno sino en toda la isla de Gran Canaria algún inmueble con dicha renta mensual”.

Descontrol en el gasto

Anticorrupción cita este caso en su querella contra cuatro directores de centros de Respuesta Social Siglo XXI como ejemplo del “descontrol” en el gasto del dinero público destinado a atender a menores en desamparo que, a su juicio, se permitió a esa fundación, una entidad que ingresó 12 millones de euros de las administraciones entre 2020 y 2023 (1,87 millones solo por el centro Acorán).

Aunque no señala en términos de responsabilidad penal a ningún cargo de la Consejería de Derechos Sociales de la comunidad autónoma, sí critica por insuficiente el seguimiento que, a su criterio, hizo ese departamento de cómo funcionaban los centros para menores.

“No se encuentra acto administrativo alguno destinado a inspeccionar o vigilar el servicio, ni hacer un seguimiento permanente del mismo a través de la figura del responsable del contrato”, denuncia el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, que ha pedido al juez al cargo del caso que ordene una auditoria contable exhaustiva de los centros que administra esta entidad tanto en Gran Canaria como en Lanzarote.

Porque, advierte, “el análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito beneficio personal económico a costa del dinero público”.

Anticorrupción se fija, entre otras cuestiones, en la renta que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI pagaba por la casa de Tafira Baja utilizada por el centro Acorán, porque es algo que ya llamó la atención a la Fiscalía de Menores, cuando acudió a inspeccionarlo.

De seis a siete veces más caro que otros centros

Al respecto, detalla que la Fundación investigada pagó 605.000 euros por el alquiler de esa propiedad entre el 2 de junio de 2021 y el 20 de marzo de 2023 a la empresa Pine Point SL, un tercio de todo lo que le costó al Gobierno de Canarias ese centro, 1.857.130 euros (Derechos Sociales abonaba 95 euros diarios a los centros por menor acogido y 72 por plaza desocupada disponible).

La Fiscalía sospecha de esa cantidad no solo porque la renta mensual del alquiler del centro multiplicaba por seis o por siete la que se abonaba en otros similares (35.000 frente a 5.000 o 6.000 euros), sino porque ha recabado pruebas de que Pine Point pagaba, a su vez, mucho menos a los propietarios del inmueble.

Sostiene, de hecho, que Pine Point recibió de Respuesta Social Siglo XXI por el alquiler el inmueble de Acorán 605.000 euros (dinero a su vez procedente de fondos públicos) y abonó a sus propietarios un total de 99.315, con una diferencia a su favor de 505.685.

“Ello supone”, añade, que Respuesta Social Siglo XXI “estaría pagando por el alquiler de esta propiedad un notorio sobreprecio, seis veces más de lo que le cuesta a la mercantil su disposición”.

Ante esas cifras, Anticorrupción se detiene en cuáles eran las condiciones del centro por el que se pagaban esas cantidades: un inmueble con falta de conservación, cables al aire, puertas de madera rotas, ventanas en el algunos casos con barrotes, estancias convertidas en habitaciones sin suficiente ventilación e iluminación y escasez, cuando no carencia, de aseos y duchas.

Hasta el punto, detalla, de que sus responsables habilitaron fuera del inmueble “un módulo exterior” con retretes, duchas y lavamanos.

“Carente de las condiciones para ser considerado vivienda”

Las carencias eran especialmente notorias en la llamada “vivienda inferior”, advertía el informe de la Fiscalía de Menores, “un tipo de edificación carente de las condiciones, por ventilación, luz, puertas, etc, para ser considerada vivienda, no siendo más que una sucesión de estancias en las que se instalaron literas, sin disponer ninguna de las habitaciones de armarios o cualquier otro mobiliario, teniendo los menores que guardar sus pertenencias en maletas”.

No solo la Fiscalía de Menores se fijó en el centro Acorán, también el Defensor del Pueblo, que en noviembre de 2021 alertó sobre carencias en “las instalaciones del centro, su deficiente limpieza, el mal estado de las habitaciones, en cuanto a su conservación, con grietas, agujeros en paredes, puertas y ventanas rotas, o sin cristales, espacios en desuso, dado su mal estado de mantenimiento”.

El Defensor del Pueblo, remarca Anticorrupción, “concluía que no quedaba garantizado el derecho fundamental a la educación, así como reseñaba las quejas de los menores en cuanto a la cantidad y calidad de las comidas, demora en la asistencia sanitaria y carencia de ropa y calzado”.