Estos son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias del martes 23 de diciembre de 2025

Fernando Clavijo ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

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Fernando Clavijo ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Más tarde, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, Nieves Lady Barreto, Consejera de Presidencia, y Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, han dado a conocer los acurdos alcanzados en rueda de prensa.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto que regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.

Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.

El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Impulso social a la política de vivienda pública

El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.

El Gobierno aprueba la OPE de 2025 del Servicio Canario de la Salud para la estabilización de 702 plazas

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de la Salud (SCS) del año 2025, integrada por 702 plazas de personal estatutario correspondientes a la tasa de reposición de efectivos, que fue consensuada en Mesa Sectorial de Sanidad, el 17 de noviembre pasado, entre la administración y las organizaciones sindicales.

La oferta de empleo se distribuye en 511 plazas sanitarias y 191 de gestión y servicios, de un total de 61 categorías profesionales diferentes, cuyo desglose se incluye en el decreto de aprobación de la nueva OPE, que fue ratificado hoy por el Ejecutivo regional y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las plazas básicas vacantes con dotación presupuestaria incluidas en las plantillas orgánicas de las once Gerencias del SCS, que no están afectadas por ofertas de empleo público anteriores, ni en situación de reserva a favor de personal fijo.

La oferta de plazas de las categorías sanitarias incluye 74 de facultativo especialista de área, 77 de médicos, de las que 53 corresponde a médica/o de familia, y el resto a otras especialidades como Admisión y Documentación Clínica, Cuidados Paliativos o Urgencias y además contempla ocho plazas para pediatra de equipo de Atención Primaria.

A estas plazas se añaden 183 de enfermería, doce de matrón/a, once de fisioterapia, 115 de auxiliar de enfermería, doce de técnica/o de auxiliar de farmacia, 26 plazas para técnicos especialistas en las especialidades de laboratorio, anatomía patológica y radiodiagnóstico, entre otras categorías profesionales.

Categorías de gestión y servicios

La oferta de plazas de las categorías no sanitarias se compone de 191, entre las que se incluyen 37 del grupo auxiliar administrativo de la función administrativa, dieciocho de celador/a, trece de pinche, doce de limpiador/a, diez de grupo técnico de la función administrativa, diez de grupo administrativo, además de plazas para otras 34 categorías profesionales.

Con esta nueva OPE, la Consejería de Sanidad continúa la senda iniciada años anteriores para la reducción de la temporalidad en el empleo en el Servicio Canario de la Salud, mediante procesos selectivos por sistema de acceso libre, para personal de nuevo ingreso, como de promoción interna, para facilitar el derecho a la promoción profesional del personal estatutario fijo.

En cumplimiento de la normativa vigente se reserva un porcentaje del siete por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

Educación aprueba una nueva oferta de empleo público docente con cerca de un millar de plazas para reforzar la estabilidad del profesorado

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado en el Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario correspondiente al año 2025, que contempla un total de 957 plazas para los distintos cuerpos del sistema educativo público canario.

Esta nueva oferta se enmarca en las líneas de actuación impulsadas por la Consejería para avanzar en la estabilización del empleo docente, reducir la tasa de temporalidad y garantizar la continuidad de los proyectos educativos en los centros, favoreciendo una mayor estabilidad de las plantillas y una mejora de la calidad del servicio público educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2025 se distribuye entre los distintos cuerpos docentes, con 466 plazas del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria; 457 del cuerpo de maestros; diecisiete del cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional; siete del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; cinco del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño; tres del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas – una de ellas correspondiente a una rectificación de la OPE de 2023 –; una del cuerpo de maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y una plaza del cuerpo de Inspectores de Educación.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, subrayó que esta OPE “responde a una planificación responsable y sostenida en el tiempo, que nos permite seguir consolidando empleo estable y ofrecer certidumbre tanto al profesorado como a los equipos directivos”. En este sentido, señaló que “la estabilidad de las plantillas es clave para reforzar la calidad educativa y dar continuidad a los proyectos pedagógicos de los centros”.

Ramírez destacó además que “esta oferta se suma al importante esfuerzo realizado en los dos últimos cursos para transformar empleo temporal en empleo estable”, un proceso que ha permitido la incorporación de 6.125 nuevos funcionarios de carrera al sistema educativo público canario tras la culminación de los procedimientos de estabilización y de las convocatorias ordinarias. “Este trabajo ha sido clave para reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad de las plantillas y ofrecer mayor certidumbre tanto al profesorado como a los centros”, añadió.

La aprobación de esta oferta no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación más amplia que combina la estabilización del empleo con la incorporación de nuevos perfiles docentes y el refuerzo de áreas estratégicas del sistema educativo, como la atención a la diversidad, la orientación educativa o la formación profesional. En este sentido, la OPE constituye una herramienta fundamental para seguir avanzando hacia un modelo educativo más sólido, con profesionales que puedan desarrollar su labor con estabilidad y perspectiva de futuro.

La aprobación de esta oferta de empleo público permitirá, en los próximos meses, la convocatoria de los procedimientos de ingreso al cuerpo docente a través de las correspondientes pruebas selectivas.

El Gobierno aprueba la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo (SCE) para mejorar la atención a las personas desempleadas y reforzar las políticas activas de empleo en todas las islas.

La unidad contará con 158 técnicos especializados del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Esta iniciativa da continuidad a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 31 de octubre para crear una bolsa de empleo de técnicos laborales. Gracias a esta bolsa, se seleccionarán los profesionales que formarán parte de la nueva unidad.

La Unidad Administrativa Temporal, con una vigencia inicial de tres años para el periodo 2026-2028, tendrá carácter transversal, prestando apoyo a las distintas subdirecciones del SCE y, en particular, a la red de oficinas de empleo de las islas. Entre sus principales funciones se encuentran el refuerzo de la atención personalizada a las personas demandantes de empleo, la realización de diagnósticos de empleabilidad, la orientación profesional, la prospección empresarial, así como la gestión, seguimiento y control de las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar.

La creación de esta unidad también da cumplimiento a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, que busca mejorar la calidad de los servicios de orientación profesional, fomentar la participación en formación y reforzar la atención a las empresas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya la importante contribución de estos puestos de carácter estructural, a los que calificó como “fundamentales para el fomento de la empleabilidad”, subrayando su papel clave en los resultados históricos del mercado laboral registrados en Canarias en este último año.

Asimismo, señala que “esta medida responde a la necesidad de consolidar la atención que se presta a las personas usuarias, reforzando especialmente la atención a colectivos prioritarios, como jóvenes y personas desempleadas de larga duración, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la eficacia, la eficiencia y la calidad en los servicios públicos de empleo, garantizando una atención más ágil y personalizada a personas demandantes de empleo y al tejido productivo de las islas.

El Gobierno aprueba los primeros planes de igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General y de Justicia

El Consejo de Gobierno ha aprobado los primeros planes de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establecen los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución para el personal al servicio de la Administración General y de la Administración de Justicia. Ambos planes abarcan a un total de 11.500 empleados públicos, de los que 8.600 forman parte de la plantilla de la Administración General y 2.900 de la de Justicia.

Estos dos planes han sido presentados por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, en el ámbito de sus competencias, como resultado del acuerdo de Gobierno de noviembre de 2023. En dicho Consejo se fijaron cuatro ámbitos funcionales de la Comunidad Autónoma dadas las diferencias sustanciales en la Administración General, Educación, Sanidad y Justicia, así como los órganos directivos para impulsar su elaboración y aprobación durante esta legislatura.

A partir del 1 de enero de 2026, los planes de la Administración General y la Administración de Justicia, se convertirán en los instrumentos para la consecución de los objetivos fundamentales de favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres que conforman su personal y avanzar en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo.

Con carácter previo, se elaboraron los diagnósticos de la situación de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la Administración General y la Administración de Justicia, que finalizaron en noviembre de 2024. Los resultados han servido como base para la elaboración de la guía y del plan de igualdad. Asimismo, se constituyeron los Comités de Igualdad para impulsar la elaboración de los planes con participación activa en el proceso.

Los Planes de Igualdad de la Administración General ha sido presentado e informado ante los Comités de Igualdad y sometido a negociación colectiva previa con los sindicatos en los ámbitos de la Mesa Sectorial de negociación de personal funcionario y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral y de Justicia, respectivamente

En los seis primeros meses del año 2026, las Direcciones Generales de Función Pública y de Relaciones con la Administración de Justicia, respectivamente, promoverán las actuaciones necesarias, incluidas las normativas y organizativas, que permitan la correcta aplicación del plan.

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General Canaria se aplica a todo su personal y tiene un plazo de ejecución de 4 años, desde 2026 a 2029, pudiendo prorrogarse hasta la elaboración y aprobación de un nuevo Plan.

La estructura del Plan de Igualdad se organiza en torno a los ejes de intervención identificados a partir de las materias de análisis definidas para la realización del diagnóstico.

Cada eje estratégico tiene definido un objetivo general a cuyo logro se contribuirá con el Plan de Igualdad a través de la consecución de los objetivos específicos mediante la puesta en marcha de una serie de acciones determinadas.

En el eje de las personas se articulan los objetivos y las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos para la identificación de eventuales brechas de género y, en su caso, para su erradicación, así como para evitar que intervenciones aparentemente neutras puedan tener como resultado involuntario discriminaciones indirectas. Implica promover un entorno laboral seguro y libre de violencias sexistas, y fomentar la corresponsabilidad con respecto al trabajo de cuidados.

Por otra parte, están los procedimientos de trabajo en materia de comunicación y relación con entidades externas. En eje articula los objetivos y acciones dirigidas a la integración de la perspectiva de género en los procesos de trabajo relacionados con la comunicación interna y externa y la contratación administrativa.

Introducir la perspectiva de género en dichos procedimientos implica, en primer lugar, avanzar en el uso de un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y externas de la Administración General Canaria y la Administración de Justicia y, en segundo lugar, en la incorporación de cláusulas de igualdad en los procesos de contratación pública dependientes de las direcciones generales responsables (Función Pública y Relaciones con la Administración de Justicia).

El modelo escogido de mejora continua requiere de un proceso de evaluación basado en el seguimiento de los indicadores de realización de las acciones que se desarrollen anualmente, lo que permitirá tomar decisiones y, en caso de que se valore necesario, plantear reajustes.

La evaluación tiene, también, un carácter agregado, al ir acumulando la información que se obtiene cada año y que servirá de apoyo a la evaluación final. Esta será cuantitativa y cualitativa, y facilitará la identificación de las áreas de intervención y las mejoras que definirán el siguiente Plan para el avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la Administración General Canaria y en la Administración de Justicia.

De este modo, la evaluación proporcionará información sobre el grado en el que se han realizado las actuaciones señaladas para cada eje de intervención y sobre el modelo de gestión utilizado; los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y las mejoras que realizar y las líneas de intervención a futuro en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Ambos planes serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El Gobierno aprueba el decreto que regula las oficinas de asistencia en registros de la Administración

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el sistema de recepción y salida de documentos, las oficinas de asistencia en materia de registros y el registro de personal funcionario habilitado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justica y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Esta actualización normativa ordena las oficinas conforme a su nuevo papel, orientado a una relación más ágil y sencilla entre la ciudadanía y la administración, así como a la mejora continua de los procesos administrativos.

Estas oficinas permitirán a las personas que no disponen de los medios o de los conocimientos para relacionarse electrónicamente con la administración ser atendidas por profesionales de la administración pública que les apoyen y asistan de forma presencial.

La norma contempla que todas las oficinas de registro funcionen como oficinas de asistencia en materia de registros y en ellas se asista a las personas interesadas, no obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración, en la presentación de solicitudes, la obtención de medios de identificación y firma electrónica, en la tramitación electrónica de sus solicitudes y en el acceso a sus notificaciones electrónicas.

Todo ello a través del personal funcionario habilitado que actuará en nombre de la persona interesada en los trámites y/o procedimientos en que se haya previsto esta habilitación. Para ello será necesario que la persona se identifique ante el personal funcionario y preste consentimiento expreso para la actuación de que se trate.

Las oficinas de asistencia en materia de registros garantizarán un acceso más sencillo a la administración, una asistencia más personalizada y la reducción de la brecha digital, al facilitar el acceso a personas que no disponen de medios electrónicos o conocimientos tecnológicos.

La norma entrará en vigor a los seis meses de su publicación, periodo durante el cual se dotará a las oficinas de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para su aplicación.

El Gobierno autoriza un gasto de cuatro millones para adecuación y dotación de las nuevas Oficinas de Justicia Municipal

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto correspondiente a la distribución de las aportaciones dinerarias para gastos de adecuación y dotación de los espacios de las nuevas oficinas de justicia en los municipios (OJM) de 3.998.000 euros, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Conforme a lo establecido en la Ley, los Juzgados de Paz se transforman en Oficinas de Justicia municipal en la fecha de constitución prevista para cada Tribunal de Instancia, establecida en tres fases, y que finaliza a 31 de diciembre de 2025.

Los servicios que habrán de prestar estas nuevas Oficinas de Justicia en los municipios, los cuales suponen una ampliación de los que hasta ahora se prestaban en los Juzgados de Paz, por lo tanto, se hace necesario acometer una serie de actuaciones en los espacios actuales para adaptarlos a sus nuevas funciones como Oficinas de Justicia en los municipios.

En atención a esta circunstancia excepcional, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea autoriza una modificación de crédito de la aplicación presupuestaria de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en la Consejería de Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, como órgano responsable del ejercicio de las competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Canarias.

Sanidad finaliza la elaboración del proyecto del Plan de Salud de Canarias 2026-2031

El Consejo de Gobierno tomó en consideración, este martes, el proyecto de Plan de Salud de Canarias 2026-2031, cuya fase de elaboración ha terminado, y acordó su remisión al Parlamento de Canarias a los efectos de su tramitación reglamentaria, conforme establece la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias.

El Plan ha sido coordinado desde la Unidad de Apoyo a la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS), con el soporte de un Comité Técnico Asesor y el trabajo en red de múltiples profesionales de distintos ámbitos, y se ha elaborado mediante un proceso participativo.

Este proceso ha incorporado las aportaciones de los Consejos de Salud de todas las Áreas de Salud del archipiélago, así como de profesionales sanitarios y no sanitarios, entidades relacionadas directa o indirectamente con el ámbito de la salud y la ciudadanía en general, a través de un periodo de información pública.

Los planes de salud son instrumentos estratégicos de planificación sanitaria que establecen las prioridades, líneas de actuación y metas, para la planificación, coordinación y articulación de actividades de promoción y protección de la salud, la prevención de enfermedades y la prestación de la asistencia sanitaria.

De ahí que el Plan de Salud de Canarias 2026-2031 se articule en torno a dos ejes fundamentales: ‘Salud en Todas las Políticas’, orientado a promover la intersectorialidad y la colaboración con otros ámbitos institucionales, y ‘Mejora de los Resultados en Salud’, centrado en los problemas de salud con mayor impacto poblacional y en el coste-efectividad de las intervenciones.

Su desarrollo se apoya en valores guía como la equidad, la eficiencia, el compromiso con la evidencia científica y la atención centrada en la persona, con el objetivo de avanzar hacia comunidades más saludables.

Cinco áreas temáticas

El Plan se organiza en cinco bloques temáticos, dentro de los cuales se distribuyen un total de 49 líneas prioritarias, desarrolladas a través de 147 objetivos específicos y 280 indicadores de evaluación, que permitirán realizar un seguimiento sistemático y una evaluación continua de su grado de cumplimiento durante el periodo de vigencia 2026-2031.Los bloques temáticos del nuevo Plan de Salud de Canarias son: ‘Promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad’; ‘Mejora de los servicios y de los resultados en salud’; ‘Envejecimiento saludable y atención a la cronicidad’; ‘Intersectorialidad’; y ‘Perspectiva transversal’, que incorpora ámbitos como la atención centrada en la persona-humanización, la modernización tecnológica, la salud laboral y la gestión eficiente de la demanda asistencial.

El Consejo de Gobierno tramita el anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó hoy, a propuesta de la Presidencia y por iniciativa de la Consejería de Sanidad, la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, así como solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Para el Gobierno de Canarias resulta prioritario aprobar esta nueva ley, al tratarse de una norma indispensable para mejorar la respuesta de la Comunidad Autónoma ante situaciones de riesgo, alertas, emergencias o crisis sanitarias. La futura regulación permitirá dotar al sistema canario de salud pública de un marco normativo moderno, coherente y alineado con los modelos organizativos más avanzados, reforzando su capacidad de anticipación, coordinación y actuación eficaz.

El anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias establece un nuevo modelo de actuación orientado a reforzar de manera integral las políticas públicas de salud en el Archipiélago, con un enfoque basado en la prevención, la promoción de la salud y la protección frente a los riesgos sanitarios.

La norma impulsa una organización más ágil y eficiente del sistema, que favorece la cooperación interadministrativa, la coordinación con otros sectores implicados y la toma de decisiones fundamentadas en la evidencia científica, con especial atención a la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos, la planificación estratégica y la respuesta rápida ante alertas y emergencias.

El Sistema de Salud Pública de Canarias y la Agencia Canaria de Salud Pública previstos en el anteproyecto de ley se regirán por el principio de salud en todas las políticas y por un enfoque basado en los determinantes sociales de la salud, con el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar el bienestar de la población en el conjunto del territorio.

En este marco, la futura ley contempla priorizar la orientación comunitaria de la salud, fomentar la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales y fortalecer las funciones esenciales de la salud pública, como la prevención y promoción de la salud, la detección precoz y la alerta temprana, así como la vigilancia y la respuesta eficaz ante emergencias sanitarias, epidemias y pandemias.

Entre los objetivos de la norma se incluyen proteger, promover y mejorar la salud de la población de Canarias, tanto en el ámbito individual como colectivo; reforzar la gobernanza en salud pública, y actuar sobre los determinantes subyacentes de la salud para prevenir enfermedades, lesiones y discapacidades, garantizando la equidad territorial y el acceso a prestaciones y servicios integrales.

El anteproyecto prevé, asimismo, dotar a Canarias de un Sistema de Salud Pública articulado en red, con capacidad para ofrecer respuestas coordinadas y adaptadas a la realidad de cada isla.

En cuanto a la Agencia Canaria de Salud Pública, la define como un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, encargado de la vigilancia, la evaluación y la planificación necesarias para la correcta ejecución de las políticas de salud pública por parte de las distintas administraciones, entidades y organismos.

La iniciativa legislativa se fundamenta en los principios de universalidad, equidad e igualdad, gobernanza democrática y transparente, intersectorialidad y coordinación interinstitucional, contribuyendo a reforzar la capacidad del sistema canario y de las administraciones públicas para anticiparse y responder a los retos presentes y futuros en materia de salud pública.

Información pública y participación ciudadana

La propuesta de anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública se encuentra disponible para su consulta en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias desde el pasado jueves 19 de diciembre y permanecerá en fase de información pública hasta el próximo 8 de enero, período durante el cual la ciudadanía, entidades y colectivos interesados podrán presentar alegaciones y aportaciones al texto normativo.

La experiencia derivada de la pandemia de la COVID-19, así como de otras emergencias sanitarias recientes, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con estructuras estables, especializadas y dotadas de mayor capacidad operativa en materia de salud pública. En este sentido, concurren circunstancias extraordinarias que justifican la tramitación urgente del anteproyecto de ley, con el objetivo de que pueda entrar en vigor antes de la finalización de la presente legislatura, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el Programa Legislativo y Reglamentario del Gobierno.

La OPE fue consensuada con los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad en el mes de noviembre

La oferta incluye 74 plazas de facultativo especialista de área, 53 de medica/o de familia, ocho de pediatra de equipo de Atención Primaria, 183 de enfermería y 115 de auxiliar de enfermería, entre otras de las categorías sanitarias y de gestión y servicios.

La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional.

El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación.

El Consejo de Gobierno aprueba el convenio para la remodelación del muelle de enlace del puerto de Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el proyecto de convenio interadministrativo entre la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para la financiación, tramitación y ejecución de las obras de remodelación del muelle de enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo contempla una actuación estratégica que transformará este espacio portuario en una nueva estación de cruceros y ferris, incorporando además zonas comerciales y de restauración, así como paseos peatonales en cubierta abiertos a la ciudadanía, reforzando la integración puerto-ciudad y su conexión directa con el entorno urbano.

La iniciativa forma parte del proceso de renovación del frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife y permitirá consolidar el muelle de enlace como puerta de entrada marítima a la ciudad, en continuidad con la Plaza de España, generando nuevos espacios de uso público compatibles con la actividad portuaria y contribuyendo a la dinamización económica, turística y social de la capital.

El proyecto cuenta con una inversión global estimada de 80 millones de euros, financiada de forma conjunta por las cuatro administraciones firmantes, y se desarrollará mediante la contratación de la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la ejecución de las obras, conforme a los criterios de sostenibilidad, eficiencia energética e integración urbana definidos en el convenio.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado declarar la tramitación de urgencia del convenio, con el objetivo de agilizar los plazos administrativos y avanzar con mayor celeridad en la materialización de esta actuación estratégica.

En este marco, el Ejecutivo ha encomendado a la persona titular de la consejería competente en materia de puertos de la Administración Pública de Canarias el liderazgo del impulso y la tramitación del procedimiento para la suscripción del citado convenio, contando para ello con la asistencia material de la Viceconsejería de Infraestructuras.

Con esta decisión, el Ejecutivo refuerza la cooperación institucional entre administraciones y avanza en un proyecto largamente demandado que permitirá devolver el mar a la ciudad, mejorar la calidad del espacio público y consolidar un modelo de desarrollo urbano integrado, sostenible y abierto a la ciudadanía.

El Gobierno aprueba el proyecto complementario para reactivar las obras de la LP-2 entre San Simón y Tajuya, en La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado el proyecto Complementario n.º 1 de las obras de acondicionamiento de la carretera LP-2 Bajamar–Tajuya, en el tramo San Simón–Tajuya, en la isla de La Palma.

Con este acuerdo, el Ejecutivo desbloquea un trámite administrativo clave que permite iniciar los trabajos necesarios para recuperar al uso público este tramo estratégico de la LP-2, interrumpido como consecuencia de la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

El proyecto complementario contempla la ejecución de un nuevo trazado de aproximadamente 2,3 kilómetros sobre las coladas volcánicas, diseñado con soluciones técnicas específicas para garantizar la seguridad de la infraestructura, su durabilidad y su correcta integración en un entorno de elevada complejidad geológica y ambiental.

La actuación permitirá dar continuidad a la carretera LP-2, hoy interrumpida, y recuperar una vía de interés general clave para el desarrollo social y económico de la isla, restableciendo además la conexión de los municipios del Valle de Aridane con Fuencaliente, y garantizando una comunicación segura y eficiente entre el norte y el sur de la isla.

La aprobación definitiva del proyecto posibilita avanzar en una actuación que cuenta con un plazo de ejecución estimado de 14 meses y una inversión superior a los 24 millones de euros.

Las obras previstas en este proyecto complementario para reconectar la LP-2 entre las localidades afectadas resultan fundamentales para favorecer la fijación de población, tanto en términos de residencia habitual como para la población que se ha visto desplazada por el fenómeno volcánico. La actuación permitirá reducir de forma significativa los tiempos de desplazamiento y mejorar la accesibilidad a infraestructuras básicas, como los servicios sanitarios y los principales nodos de transporte y comunicación, tanto dentro del propio municipio como en la conexión con la capital insular.

Asimismo, el proyecto permitirá eliminar la brecha viaria existente en la actualidad dentro del municipio de Los Llanos de Aridane, entre los núcleos de Las Manchas y Tajuya, así como mejorar la conectividad entre los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte con Fuencaliente y el resto del territorio municipal. Este avance tendrá un impacto directo en la cohesión territorial y contribuirá a reducir la presión sobre el suelo en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, facilitando una mejor adaptación y aceptación de los nuevos desarrollos de asentamiento poblacional.

Con esta decisión, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la recuperación de La Palma y con la mejora de sus infraestructuras estratégicas, impulsando actuaciones que refuerzan la movilidad, la cohesión territorial y la reconstrucción del territorio tras la emergencia volcánica.

El Consejo de Gobierno exige a AENA garantizar la operatividad y la continuidad de los servicios en El Hierro y en el conjunto de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en la sesión celebrada hoy dirigirse formalmente a AENA para exigir la adopción inmediata de las medidas necesarias que garanticen la plena operatividad, la seguridad aérea y la continuidad de los servicios esenciales en los aeropuertos del Archipiélago, con especial atención al aeropuerto de El Hierro.

El Ejecutivo ha trasladado su preocupación ante cualquier decisión organizativa o de gestión que pueda afectar al normal funcionamiento del aeropuerto herreño, un enclave estratégico para la conectividad de la isla y, especialmente, para la atención de evacuaciones sanitarias y situaciones de emergencia que requieren disponibilidad operativa las 24 horas del día.

En este contexto, el Consejo de Gobierno de Canarias ha instado a AENA a garantizar de manera efectiva la prestación continua del servicio aeroportuario en El Hierro, así como a reforzar los recursos humanos y técnicos necesarios para asegurar una operativa estable, segura y adaptada a las singularidades de la isla.

Con la decisión, el Ejecutivo subraya que la conectividad aérea en islas no capitalinas como El Hierro no puede abordarse desde criterios exclusivamente operativos o económicos, sino que debe entenderse como un servicio público esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos básicos, entre ellos la atención sanitaria.

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha solicitado a AENA información detallada sobre las actuaciones previstas a corto y medio plazo para evitar cualquier merma en la operatividad del aeropuerto herreño y del resto de aeropuertos canarios, reclamando además una coordinación permanente con las administraciones del Archipiélago antes de adoptar decisiones que puedan afectar a la conectividad aérea.

El Gobierno crea un fondo innovador para facilitar la gestión del programa FEDER Canarias 2021-2027

El Consejo de Gobierno reunido este martes, 23 de diciembre, ha aprobado la creación de un fondo, sin personalidad jurídica, para gestionar los instrumentos financieros dentro del Programa FEDER Canarias 2021-2027, con la denominación ‘Fondo Canarias Financia 2’. El objetivo es mejorar el acceso a la financiación de las empresas canarias, pymes, startups y administraciones públicas canarias para impulsar la competitividad, la innovación, la transición digital y apoyar la eficiencia energética y las energías renovables.

La creación de este fondo innovador pretende dar respuesta a fallos de mercado detectados en los estudios previos, que dificultan la financiación de proyectos viables, especialmente en innovación y sostenibilidad. La dotación total prevista de este nuevo fondo asciende a 74.120.700 €, con una cofinanciación FEDER del 85%.

En el día de hoy, el Consejo ha autorizado una primera aportación inicial de 9.000.000 €, que se transferirán a la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN) desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos (6.000.000 €) y la Consejería de Transición Ecológica y Energía (3.000.000 €,) que podrán incrementarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de las nuevas fuentes de financiación públicas o privadas.

La gran novedad de este nuevo fondo en la parte correspondiente a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos es la coinversión público-privada que permite que a través de la inversión pública en las startups y micro pymes se pueda traccionar una cantidad similar por parte del sector privado para garantizar el crecimiento de las empresas. En definitiva, con esta nueva herramienta habrá capital canario publico privado para financiar proyectos canarios.

En el caso de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, los 3.000.000 de euros se destinarán a Cabildos y Ayuntamientos para la instalación de alumbrado público más eficiente. Para ello, se les otorgará un 90% de la financiación de la actuación, un 45% a fondo perdido y el 45% a devolver por parte de las citadas administraciones con unas condiciones muy ventajosas. De esta manera se produce el salto a un alumbrado mucho más eficiente con el ahorro económico que ello supone para las arcas públicas de cada administración y se dan pasos sólidos hacia la sostenibilidad. 

La creación de este fondo tiene como objetivo mejorar las vías de colaboración entre administraciones a través de un instrumento financiero novedoso, que se enmarca en una situación de coyuntura económica compleja para las administraciones públicas, por lo que se pone esta herramienta a disposición para avanzar en la transición energética de Canarias.

El instrumento en detalle

El fondo se enmarca en dos prioridades del programa FEDER: La prioridad 1A (Transición digital e innovación): préstamos subordinados, préstamos condicionados con tramo no reembolsable, fondos de fondos e instrumentos de coinversión dirigidos a pymes, microempresas y startups; y la prioridad 2A (Transición verde): préstamos para proyectos de eficiencia energética y energías renovables destinados a administraciones locales, empresas, comunidades energéticas y entidades del tercer sector.

La gestión del fondo se encomienda a SODECAN, que actuará conforme a los acuerdos de financiación que se formalicen y estará sujeta a los controles y auditorías previstos por la normativa europea y autonómica. Hasta la aprobación de dichos acuerdos, la sociedad no podrá lanzar convocatorias ni comprometer fondos.

En definitiva, este fondo establece el marco jurídico, financiero y operativo para un instrumento clave de apoyo al desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad en Canarias durante el periodo 2021-2027.

El Gobierno canario inicia los trámites para la renovación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías

El Consejo de Gobierno reunido este martes, 23 de diciembre, ha acordado, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, iniciar los trámites correspondientes para la renovación, a partir del 1 de enero de 2028, del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) aplicable en las islas Canarias.

En este contexto, se acuerda también solicitar al Gobierno de España que comunique formalmente a la Dirección general de Fiscalidad y Aduanas (TAXUD) de la Comisión Europea, la intención de las autoridades españolas de proceder a dicha renovación. Hay que tener en cuenta que los interlocutores con las autoridades y organismos europeos son los Estados miembros y no las regiones, por lo que es imprescindible que sea el Gobierno de España quien notifique esta decisión.

Para ello, el Gobierno mandata a la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para iniciar los trámites oportunos con la Secretaría de Estado de Hacienda.

El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), es un impuesto estatal, de naturaleza indirecta, que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias y que grava en fase única, la producción de bienes corporales y la importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.

De esta manera, el AIEM ejerce como protección a los productos canarios frente a los que llegan de fuera, al tener en cuenta el sobrecoste que supone producir en las islas. Los tipos aplicables de carácter porcentual pueden ser 5%, 10% y 15% y el listado de productos incluidos se revisa periódicamente.

Bienestar Social renueva los convenios con los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote para agilizar las solicitudes de discapacidad

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la suscripción de la Adenda primera de prórroga y modificación del Convenio suscrito con el Cabildo Insular de Lanzarote, así como la Adenda tercera de modificación y prórroga del Convenio con el Cabildo Insular de Fuerteventura.

A través de estos convenios, la Dirección General de Discapacidad encomienda a los cabildos la gestión que permite la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad. Solo en este último año se han resuelto alrededor de un millar de solicitudes de valoración de la discapacidad de personas residentes en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

El convenio con el Cabildo de Fuerteventura se firmó por primera vez en diciembre de 2022 y se ha ido renovando en los años sucesivos lo que ha permitido resolver unas 1.600 solicitudes de personas residentes en la isla. En concreto, a lo largo de 2025 se han resuelto 430 expedientes, más otros 280 expedientes que ya han sido valorados por el trabajador social y psicólogo, y están solo pendientes de valoración médica que se realiza desde Gran Canaria. Además, en el año 2024, se resolvieron 516 solicitudes y en 2023, un total de 332.

Con la Adenda Tercera que ahora se establecerá, se mantendrá el servicio en 2026, se ajustarán los medios necesarios y actualizará también el presupuesto para el ejercicio 2026, con el objeto de financiar los costes salariales del personal adscrito a la encomienda, los desplazamientos vinculados a necesidades del servicio, y las acciones formativas del personal involucrado.

Desde la firma del convenio con el Cabildo de Lanzarote, el pasado 27 de mayo, y hasta el 20 de octubre de 2025, se han tramitado y resuelto un total de 542 expedientes correspondientes a personas residentes en Lanzarote y La Graciosa.

Con la nueva adenda se prorroga la vigencia del convenio durante el ejercicio 2026, y se modifica el objeto del mismo, también se adecúa a las funciones efectivamente desarrolla, se amplía la dotación de personal necesaria para atender la carga real de expedientes, y se actualiza el coste económico, tanto por el incremento respecto de los importes vigentes en el año 2025, como por la adscripción del nuevo personal prevista.

El coste económico que conlleva la suscripción de dichas adendas asciende a 310.944,53 euros en la Adenda primera de prórroga y modificación con el Cabildo de Lanzarote y a 166.000 euros en el caso de la Adenda tercera de modificación y prórroga con el Cabildo de Fuerteventura.

Estas encomiendas se realizan en coordinación con los equipos multiprofesionales, del Centro de Valoración de la Discapacidad de las Palmas de Gran Canaria.

Canarias aporta 5,3 millones adicionales a las universidades públicas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una aportación extraordinaria de 5,3 millones de euros a las universidades públicas canarias para garantizar el incremento retributivo del 2,5 % del personal universitario, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

La medida hace efectivo el incremento con carácter retroactivo, con efectos económicos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, en un contexto de prórroga presupuestaria estatal. La aportación aprobada por el Ejecutivo autonómico asume el impacto económico derivado de una norma básica de ámbito estatal y evita que este recaiga sobre la financiación ordinaria de las universidades públicas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que “la apuesta del Gobierno de Canarias por las universidades públicas es una inversión estructural en igualdad de oportunidades y en desarrollo social”. Añadió que “reforzar su papel en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales cualificados es clave para afrontar los retos económicos y científicos de Canarias”.

Esta aportación extraordinaria se suma a una política sostenida de refuerzo de la financiación universitaria impulsada por la Consejería que dirige Machín. En el actual ejercicio, el área de Universidades supera por primera vez los 300 millones de euros, la cifra más alta destinada al sistema universitario público en Canarias, con un incremento de 10 millones de euros respecto al año anterior.

En este contexto, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han recibido más de 5 millones de euros adicionales cada una respecto al ejercicio anterior, alcanzando un incremento acumulado de 30 millones de euros desde 2023. Este esfuerzo presupuestario refuerza la estabilidad financiera del sistema universitario público y permite seguir avanzando en calidad docente, digitalización e investigación.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias consolida una financiación universitaria orientada a la estabilidad, al fortalecimiento del sistema público de educación superior y a su contribución al desarrollo social, económico y científico del archipiélago.

El Gobierno aporta 1,4 millones a los servicios de vigilancia en playas de 20 municipios de menos de 20.000 habitantes

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria que permitirá afrontar el pago de 1,4 millones de euros en diferentes subvenciones para cubrir gastos de seguridad en zonas de baño en el litoral en un total de 20 municipios de menos de 20.000 habitantes. Este expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, da respuesta a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias, mientras continúa la negociación para consensuar un nuevo marco de coordinación de la normativa de seguridad en las zonas de baño del Archipiélago.

Los municipios que serán beneficiarios de estas subvenciones son veinte. De ellos, Agaete y Moya están ubicados en Gran Canaria; El Rosario, San Juan de la Rambla, Los Silos, Garachico y Buenavista, en Tenerife; San Andrés, Breña Baja, Tazacorte, Breña Alta, Barlovento y Puntallana, en La Palma; San Sebastián, Valle Gran Rey y Alajeró, en La Gomera; Valverde y El Pinar, en El Hierro; y Yaiza y San Bartolomé, en Lanzarote.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que desde finales de 2023 este departamento trabaja con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en un texto que sustituya al decreto de 2018 sobre normas de seguridad en zonas de baño, que fue anulado por la justicia cinco años después. Con esta subvención, el Ejecutivo pretende compensar parte de los gastos ocasionados por la puesta en práctica de dicho decreto en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El objetivo de esta negociación con la Fecam es consensuar un nuevo marco jurídico que permita “homogeneizar las condiciones de seguridad en las zonas de baño del Archipiélago, con total seguridad jurídica”, según ha explicado Miranda. En el diálogo participan también colectivos de socorristas, la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa y otros agentes sociales relacionados con la seguridad en el litoral.

El resultado de este diálogo se verá también reflejado en la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil, para cuya redacción este departamento autonómico ha terminado una primera fase de diálogo, en la que han participado más de 200 expertos y profesionales en la materia.

El silbo gomero se afianza en el sistema educativo como herramienta de aprendizaje y cultura

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, impulsa el refuerzo de la enseñanza del silbo gomero en el sistema educativo como una herramienta de aprendizaje, identidad y transmisión cultural, consolidando su presencia en las aulas desde las etapas de Primaria y Secundaria Obligatoria.

Esta iniciativa sitúa a la escuela como espacio clave para garantizar la conservación de una de las expresiones culturales más singulares del archipiélago, favoreciendo que el alumnado conozca y valore una forma de comunicación estrechamente ligada a la historia y a la identidad de La Gomera y de Canarias.

El titular de Educación, Poli Suárez, señaló que “la escuela es una herramienta fundamental para preservar y transmitir nuestro patrimonio cultural a las nuevas generaciones”, y subrayó que “el silbo gomero no es solo una manifestación cultural, sino también un recurso educativo que conecta al alumnado con su entorno, su historia y su identidad”. En este sentido, destacó que “reforzar su presencia en las aulas es una apuesta clara por una educación que reconoce y pone en valor las singularidades del archipiélago”.

Aplicación

La enseñanza del silbo gomero será de carácter obligatorio en los centros educativos de la isla de La Gomera que impartan Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, mientras que los centros del resto de las islas podrán incorporarla de forma voluntaria, ampliando así las posibilidades de que este patrimonio llegue a más alumnado del archipiélago.

La iniciativa también garantiza la formación y preparación del profesorado encargado de impartir estos contenidos, de modo que el silbo gomero se integre en el aula de forma adecuada y coherente con el currículo de Lengua Castellana y Literatura, favoreciendo su aprendizaje como parte del desarrollo lingüístico y cultural del alumnado.

Con este impulso, el Gobierno de Canarias refuerza el papel del sistema educativo como garante de la conservación y transmisión del silbo gomero, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y avanza hacia un modelo educativo que incorpora la identidad canaria como un elemento esencial del aprendizaje y la convivencia escolar.

El Gobierno contribuye con 400.000 euros al servicio permanente de bomberos en Puerto Naos y La Bombilla, La Palma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria tramitada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas para aportar 400.000 euros al Servicio Permanente de Bomberos en Puerto Naos y La Bombilla, un operativo que mantiene desplegado el Cabildo Insular para garantizar la seguridad en la zona. El expediente está impulsado a raíz de una solicitud de la corporación insular, de noviembre de este año, en la que dicha corporación expresaba la necesidad de recibir apoyo económico para mantener este servicio que funciona las 24 horas de los siete días de la semana.

El servicio se mantiene operativo motivado por la presencia de altas concentraciones de gases en la zona, tras la erupción volcánica de 2021, lo que ha provocado desde entonces la restricción de los accesos y el control permanente de los niveles de dichos gases. Este operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad y la salud de las personas, y debe de estar operativo todas las horas de cada jornada.

Los recursos humanos desplegados en la zona no solo controlan los accesos, sino que intervienen de manera inmediata si es necesario.