Política

04/06/2026 | 06:49   |   Rafael Aguirre  

El Gobierno canario plantea un marco común para blindar los datos en la educación digital

La propuesta fue presentada en la Conferencia Sectorial de Educación para reforzar la privacidad, la seguridad y el uso ético de las nuevas tecnologías en las aulas.

El Gobierno de Canarias ha propuesto la creación de un marco común de protección de datos para el sistema educativo con el objetivo de garantizar que la transformación digital de la enseñanza se desarrolle con plenas garantías para alumnado y profesorado. La iniciativa fue defendida por el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado, durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La propuesta surge ante el creciente uso de herramientas digitales en los centros educativos y busca compatibilizar el derecho a la educación digital con la protección de los datos personales, dos derechos reconocidos tanto por la normativa europea como por la legislación española.

Transformación digital segura

Desde la Consejería de Educación se considera que la incorporación de la tecnología a las aulas debe realizarse bajo criterios de seguridad, transparencia, minimización de datos y especial protección de los menores de edad. En ese contexto, José Manuel Cabrera recordó que la legislación vigente reconoce expresamente el derecho a la educación digital y obliga a las administraciones educativas a fomentar un uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías.

El representante canario defendió que «la educación digital y la protección de datos no son objetivos contrapuestos, sino elementos complementarios que deben avanzar de forma coordinada para garantizar una escuela preparada para los retos actuales».

Evaluar las herramientas tecnológicas

La iniciativa presentada por Canarias plantea avanzar hacia mecanismos comunes que permitan evaluar y validar las herramientas digitales utilizadas en los centros educativos. El planteamiento cobra especial relevancia ante la rápida expansión de tecnologías emergentes y, en particular, de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Según expuso Cabrera, el uso de estas tecnologías debe desarrollarse con «plenas garantías para los derechos fundamentales de la comunidad educativa», por lo que abogó por abrir espacios de trabajo conjunto entre administraciones y autoridades competentes para construir un modelo que combine innovación y protección.

Flexibilidad para invertir en educación

Durante la misma reunión, el viceconsejero también solicitó una mayor flexibilidad en la aplicación de la regla de gasto para aquellas comunidades autónomas con menor nivel de endeudamiento. El planteamiento persigue que los superávits puedan reinvertirse en la mejora de las infraestructuras educativas y en el fortalecimiento de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

El Ejecutivo autonómico considera que esta medida permitiría acelerar algunos de los objetivos estratégicos fijados para la actual legislatura en materia educativa y reforzar la calidad del sistema público de enseñanza en las islas.