Clavijo llama a defender con unidad un Decreto Canarias que incluye todas las reclamaciones históricas de las islas

El texto demanda la continuidad en 2026 y 2027 de la gratuidad de las guaguas, además de blindar las partidas para empleo, pobreza, obras hidráulicas y carreteras.

---

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles a los portavoces de los grupos parlamentarios unidad para defender con una sola voz la propuesta de real decreto ley que el Gobierno autonómico elevará al Estado. Así lo ha hecho tras trasladarles de primera mano el contenido del documento que han redactado los servicios jurídicos del Ejecutivo canario y que incluye todas las reclamaciones históricas de las islas amparadas por el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria.

Clavijo explico de que el objetivo del Decreto Canarias no es otro que superar los efectos negativos que ha tenido la prórroga continuada de los presupuestos estatales de 2023, lo que “ha impedido la materialización efectiva de asignaciones económicas imprescindibles para la prestación ordinaria de servicios públicos esenciales” en el archipiélago. “Somos conscientes”, dijo tras la reunión, “de que, sin estas medidas, Canarias no va a conseguir remontar situaciones como las que arrastramos tras el covid, la erupción del volcán y demás”. A su juicio, “si queremos remontar problemas como el de la vivienda y la precariedad del empleo necesitamos de la colaboración del Estado”.

De hecho, la propuesta al Estado justifica la aprobación de un real decreto ley exclusivo para Canarias en Consejo de Ministros por “la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la agenda canaria y de garantizar que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el archipiélago no se vean interrumpidos por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario”.

“Canarias ha hecho su tarea con presupuestos propios, con el desarrollo de planes y estrategias y con la ejecución de sus políticas públicas” se indica en la exposición de motivos del texto. Fruto de ese trabajo, el archipiélago “crece económicamente, crea empleo, impulsa la transición energética, refuerza la cohesión territorial y mejora sus servicios”, un “esfuerzo colectivo” que “no puede verse frenado ni condicionado por la falta de presupuestos generales del Estado”.

Con este objetivo, el jefe del Gobierno canario ha informado a los representantes de todos los grupos parlamentarios de las medidas concretas que se reclaman al Estado, medidas que ahora se trasladarán también a los representantes socioeconómicos de las islas para buscar un texto “totalmente consensuado”.

Tanto Fernando Clavijo como el vicepresidente Manuel Domínguez subrayaron que el borrador de Decreto Canarias elaborado por el Gobierno cuenta “sobre el papel” con el apoyo político necesario para ser refrendado en el Congreso de los Diputados si es aprobado por el Consejo de Ministros.

En este sentido, Domínguez recordó que la Agenda Canaria cuenta con la firma del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, además de con el voto a favor del Senado en asuntos como extender la bonificación del 60% del IRPF a todas las islas verdes. “Una vez más del Gobierno de Canarias ha dado un paso al frente”, declaró el numero dos del Ejecutivo tras expresar su confianza en que todas las fuerzas políticas y agentes socioeconómicos de las islas se sumen a este frente común.

Blindaje de partidas esenciales

Como argumento principal para defender un Decreto Canarias, la exposición de motivos del borrador del Gobierno subraya que “Canarias no pide privilegios, sino justicia. No exige concesiones, sino cumplimiento. No demanda más que lo que en derecho le corresponde y lo que la historia le ha ido reconociendo, a veces tarde, a veces a regañadientes, pero siempre con la fuerza de los hechos”.

El texto que el presidente Fernando Clavijo ha trasladado a los portavoces parlamentarios cuenta con 33 artículos, 10 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales que van desgranando las principales demandas de Canarias.

El primer bloque, bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’, reúne todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago atendiendo a su condición de territorio alejado y fragmentado.

Entre ellas, destaca la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, además de una novedosa “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verde en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

También para seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias. Se trata de una medida que se viene aplicando año tras año desde la pandemia covid y que corre el peligro de desaparecer en 2026. Se pide además al Estado que aporte 160 millones de euros anuales para financiar en su integridad la gratuidad de las guaguas.

Vivienda y medidas sociales

Canarias busca asimismo blindar las partidas específicas que el Estado incluyó en sus cuentas de 2023 pero han quedado en el aire con la prórroga continuada de los presupuestos nacionales: los 45 millones del Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.

El segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.

La propuesta del Gobierno de Canarias presentada este miércoles a los grupos parlamentarios contiene dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en las islas. En primer lugar, se solicita al Estado la cesión en 2025 de suelo “para la construcción de viviendas protegidas”. También se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda protegida en las islas.

Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).

Fondos para infraestructuras y más competencias

Como novedad, al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”. Se busca incentivar el alza de los sueldos.

El texto debatido con los portavoces de los grupos del Parlamento en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife contiene asimismo un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas. Además, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las islas”, se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago”.

El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.

Incluye asimismo otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Junto al presidente Fernando Clavijo, en la reunión celebrada este miércoles han participado en nombre del Gobierno el vicepresidente Manuel Domínguez, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, y el secretario general, Ceferino Marrero. En representación de los grupos parlamentarios han estado en el encuentro Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Nicasio Galván (VOX), Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).