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Actualizado: Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ► | Desde que entre en vigor el nuevo sistema de tarifas, el 80% de los hogares que consuman por debajo de los 20 metros cúbicos al bimestre mantendrán o incluso bajarán el precio del agua.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria avanza en la mejora de la gestión del Ciclo Integral del Agua con la aprobación, en la Junta de Gobierno celebrada este jueves de la nueva ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos, el reglamento municipal de abastecimiento de agua y el Plan Plurianual de Tarifas 2025-2029.
Con esta actualización se impulsa un marco contributivo más justo, en el que aquellos que más consuman también sean los que más paguen y con la creación de un bono social del agua para aquellas familias que se encuentren en situación de exclusión social; haciéndolo además más sostenible al incentivarse el consumo responsable.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, y la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, han comparecido para explicar estos acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno.
Darias ha recordado que "seguimos avanzando en un marco contributivo más justo", que se inició con la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el 99% de las familias. "Hoy anunciamos un segundo paso en la misma dirección y vamos a hacerlo en consonancia con los criterios de equidad, transparencia, suficiencia y adaptación a las circunstancias y características de los contribuyentes", ha señalado.
"En aplicación de estos criterios", ha continuado, "vamos a generar una mejora sustancial en la gestión del agua, que se puede resumir en un ciclo integral más sostenible que incentiva el consumo responsable: sólo se pagará el agua que se consume; se penaliza el abuso y el derroche, se regula la prohibición de vertidos y quien contamina, paga".
Entre las novedades, Darias ha resaltado la actualización de las tarifas correspondientes para el periodo 2025-2029, "actualización que, de acuerdo con el marco contributivo más justo, el 80% de los hogares pagarán lo mismo e incluso menos que con la tarifa actual".
En este sentido, el concejal Francisco Hernández Spínola ha avanzado que se va a eliminar el pago mínimo por consumo, que estaba situado en 10 metros cúbicos al mes y que obligaba a más de 100.000 usuarios a pagar por un consumo que no habían realizado, o a 15.000 abonados que pagaban sin consumir nada.
"En aplicación de estos principios se va a producir una reducción de la tarifa del agua para la mayor parte de los hogares, como consecuencia de la eliminación del pago por consumo mínimo y por la subvención del Ayuntamiento para la depuración y alcantarillado que se irá reduciendo progresivamente en los siguientes años", ha enfatizado el edil.
Bono social del agua para familias en riesgo de exclusión
Entre las nuevas medidas, se ha anunciado la creación de un bono social para que aquellas familias en situación de exclusión social tengan acceso al agua, con el objetivo de que el Ayuntamiento dé respuesta a las circunstancias personales de los usuarios.
Otra de las novedades será la configuración de la nueva tarifa del agua en la que se incluyen conceptos como el servicio de alcantarillado, cuota de sostenibilidad, miembros de familia o coeficiente de contaminación.
Dentro de cada uno de estos servicios se crean nuevas tipologías de usuarios que se dividirán en domésticos, comerciales, viviendas vacacionales y establecimientos hoteleros, industriales, centros oficiales y obras que pagarán en función de un concepto fijo, por el caudal permanente del contador, y otro variable por el consumo realizado.
De esta forma, se diferencia entre los hogares y las viviendas vacacionales, cuya tarifa se asimila a la de los establecimientos hoteleros al tratarse de una actividad económica.
Usuarios domésticos
Los usuarios domésticos estarán divididos en cuatro bloques: hasta 7 metros cúbicos, de 8 a 14, 14 de 22 y de más de 22 metros cúbicos. "Dentro de estos cuatro parámetros se tendrán en cuenta el número de miembros de cada hogar, a partir de cuatro, para determinar la progresividad de los bloques de consumo", ha explicado Hernández Spínola.
Por su parte, la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, ha resaltado que la aprobación de las dos normas "van a contribuir decisivamente en el logro de una gestión mucho más moderna y eficaz del ciclo integral del agua".
La edila ha indicado que la ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos tiene como objeto la regulación de las condiciones a las que deberán adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales procedentes de las instalaciones domésticas e industriales.
"El propósito es proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento", ha indicado Medina.
La concejala ha detallado que la ordenanza establece que, para facilitar el tratamiento de aguas, las edificaciones contarán con dos redes de saneamiento interior independientes, una para aguas pluviales y otra para aguas residuales. Además, las industrias de nueva implantación, las ya existentes y las que efectúen modificaciones en los locales deberán disponer de la red o redes de saneamiento (fecales y pluviales) y otra independiente para el agua de proceso, de tal forma que estas últimas puedan ser tratadas de manera separada si fuera necesaria.
Otra de las nuevas novedades de la ordenanza es la prohibición de vertidos directos e indirectos a la red de saneamiento de cisternas con aguas residuales procedentes de instalaciones domésticas o industriales. Estos se realizarán en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barranco Seco y estarán sujetos a Autorización de Vertido, en donde se incluirá la información de la empresa encargada del transporte.
En cuanto al reglamento del servicio municipal de abastecimiento de aguas, Inmaculada Medina ha indicado que incluye una relación actualizada sobre las posibles sanciones por defraudar el buen uso de las instalaciones o del agua.
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