La iniciativa fue planteada ante el Ministerio para reforzar la privacidad educativa y evaluar nuevas tecnologías.
El Gobierno de Canarias ha planteado la creación de un marco común de protección de datos para el sistema educativo con el objetivo de garantizar que la transformación digital de la enseñanza avance con garantías para alumnado y profesorado. La propuesta fue presentada por el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera Delgado, durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
La iniciativa surge en un contexto marcado por el aumento del uso de herramientas tecnológicas en los centros educativos y persigue compatibilizar el derecho a la educación digital con la protección de los datos personales. El Ejecutivo autonómico considera que ambos derechos deben desarrollarse de forma conjunta para responder a los nuevos desafíos de la enseñanza.
Tecnología con garantías
Desde la Consejería de Educación se defiende que la incorporación de recursos digitales en las aulas debe regirse por criterios de seguridad, transparencia, minimización de datos y protección reforzada de los menores. En esa línea, Cabrera recordó que la normativa vigente reconoce el derecho a la educación digital y obliga a las administraciones a promover un uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías.
El viceconsejero destacó que «la educación digital y la protección de datos no son objetivos contrapuestos, sino elementos complementarios que deben avanzar de forma coordinada para garantizar una escuela preparada para los retos actuales».
Evaluación de herramientas digitales
Uno de los aspectos centrales de la propuesta pasa por desarrollar mecanismos comunes para evaluar y validar las aplicaciones y plataformas tecnológicas utilizadas en los centros educativos. La medida adquiere una relevancia especial ante la expansión de soluciones basadas en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.
Según expuso Cabrera, el uso de estas herramientas debe desarrollarse con «plenas garantías para los derechos fundamentales de la comunidad educativa». Por ello, apostó por abrir espacios de colaboración entre administraciones y organismos competentes que permitan construir un modelo capaz de combinar innovación tecnológica y protección de derechos.
Más capacidad de inversión educativa
Durante la misma reunión, el representante canario también solicitó una mayor flexibilidad en la aplicación de la regla de gasto para las comunidades autónomas con menor nivel de endeudamiento. La propuesta busca que los superávits puedan destinarse a mejorar infraestructuras educativas y reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
El Gobierno de Canarias entiende que esta posibilidad permitiría acelerar algunos de los objetivos estratégicos previstos para la legislatura y fortalecer la calidad del sistema público de enseñanza en el Archipiélago.
▪️ Imagen de portada: José Manuel Cabrera Delgado durante la Conferencia Sectorial de Educación en la que Canarias defendió un marco común para proteger los datos en el ámbito educativo.
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